Con seis votos a favor y tres en contra, la Corte Constitucional dio aval al matrimonio igualitario en Colombia, uno de los asuntos que la comunidad Lgbti exigía para tener plena igualdad en el país. Sin embargo, esta decisión ha generado polémica por temas de tradición, derechos y religión.
La Sala Plena estudió cuatro tutelas de varios activistas de la comunidad Lgbti y parejas homosexuales que buscaban que las uniones tuvieran un matrimonio con los mismos derechos de una pareja heterosexual. Por otra parte, la ponencia en contra fue la del magistrado Jorge Pretelt, la cual argumentaba que dicho vínculo no se puede llamar matrimonio.
La decisión de la corte fue con base a la sentencia C-577 de 2011, que definió que las parejas del mismo sexo son familia y de no ser aprobado el matrimonio igualitario en un plazo de dos años, las parejas podrían acudir a notarios o jueces a solemnizar su unión.
“Una embarrada histórica”
Javier Suárez, representante de la Fundación ‘Marido y Mujer’, afirmó que “es un golpe a la familia y la sociedad colombiana, pretender elevar la unión de parejas del mismo sexo igualándolas a las de un hombre y una mujer”.
Suárez explicó que “sociológicamente hay un conflicto porque no existen los elementos que puedan darle el núcleo fundamental a una familia, no hay complementariedad psicológica, no existe el rol de autoridad de padre y madre para la tenencia de los hijos y hay una afectación emocional en los homosexuales que los hace depresivos que lleva a que su vocación de permanencia no supere los 3 años”.
Además, Suárez manifestó que se está invirtiendo el modelo social del país, que ha estado constituido por la base de la unión de un hombre y una mujer establecido jurídicamente en la constitución. “La Corte Constitucional está cometiendo una embarrada histórica, que es suplantar al Congreso de la República y eso es lo que los colombianos debemos rechazar”.
“Vamos a celebrar”
Blanca Inés Durán, activista Lgbti y miembro del colectivo ‘Abriendo espacios’, expresó que “estábamos en mora de que la corte decidiera esto y que por fin fueran coherentes con la constitución y la igualdad de derechos a la comunidad Lgbti.
Según la activista, “una persona que se casa en ese mismo instante logra obtener derecho a pensión, salud, patrimonio conjunto, anteriormente nos tocaba esperar cinco años para pensión, dos para salud, dos para tener un patrimonio conjunto, entonces si hubo grandes diferencias en ese sentido”.
“Vamos a celebrar que pudimos acceder a este derecho, organizaremos un matrimonio colectivo, es decir, varias parejas queremos formalizar nuestra relación. Pero hay muchos otros temas en los que toca trabajar, porque aún hay crímenes de odio. En el país hay personas transexuales que son discriminadas en el trabajo, en los colegios siguen castigando a los niños por tener una orientación sexual diversa. Aún queda mucho trabajo por hacer”, puntualizó Durán.
