La trata de personas, en su significado más simple, es “el acto de emplear, en provecho propio y de un modo abusivo, las cualidades de una persona”, según la Agencia de la ONU para los Refugiados. Sin embargo, para Marcela Loaiza, quien fue víctima de este delito a manos de la mafia Yakuza, en Japón, representa la degradación de un ser humano, al punto de ser visto como una cosa de la que se saca provecho en forma de dinero, explotación, servilismo o sexo, como le sucedió a ella en 1999, cuando le quitaron hasta los documentos para que “pagara lo que había invertido” esta mafia en ella.
Para entender el fenómeno, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) entregó ayer su más reciente radiografía sobre el delito en Colombia, con datos recolectados entre enero de 2016 y julio de 2017.
En su reporte señala que en ese lapso las autoridades (Fiscalía, Ministerio del Interior y Procuraduría) conocieron 128 casos, por cuenta de las denuncias interpuestas. El informe indica que en los primeros siete meses de 2017 fueron 52 casos, frente a los 76 registrados en todo 2016.
Según las cifras, las mujeres son las más vulnerables (ver infografía).
En el país
De acuerdo con la Unodc, “la mayoría de las víctimas en el período indicado fueron ciudadanos colombianos”, aunque detalla que también hubo víctimas de otros países que permanecían o hacían tránsito por el país.
El informe resalta que la mayoría de los casos (70 %) están en Bogotá, Valle del Cauca, Risaralda y Antioquia, pero no precisa la cantidad.
Bo Mathiasen, representante de la Unodc, tras la presentación del informe, señaló que, junto a las autoridades y la organización civil, espera que se fortalezca la “capacidad de persecución de este delito que silencia las voces de las personas más vulnerables”.
Más vulnerables
De acuerdo con el reporte, este fenómeno no es nuevo y, por el contrario, toma cada vez más asiento en la sociedad.
Ahora, con la crisis migratoria venezolana, que según la ONU ha obligado a tres millones de personas a abandonar ese país en los últimos tres años, las venezolanas se han convertido en presa fácil de los proxenetas, quienes aprovechan su condición vulnerable, relató Adriana Herrera, procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia.
Con esto coincidió el representante de la Unodc, quien señaló que “sabemos que los venezolanos y sobre todo las venezolanas son extremadamente vulnerables, porque ingresan con muy pocos recursos y están buscando un medio para sobrevivir y en este proceso estas mujeres y niñas son vulnerables frente a la trata y explotación sexual”, principalmente en las regiones fronterizas, como ha quedado en evidencia en los últimos 18 meses en el país, cuando se acentuó la crisis venezolana.
Frente a las dificultades que se tienen para enfrentar este delito, Mario Gómez, asesor del fiscal General de la Nación, señaló que al organismo de investigación le reclaman por estos casos y argumentó que “algunos piensan que cuando hay una captura se acaba el crimen, pero se captura a un proxeneta, aparece otro que lo reemplaza”.
Entre el Gobierno y las entidades de control y de Derechos Humanos se han implementado estrategias para enfrentar el flagelo, como la de mediados del año pasado, llamada “Ojos en todas partes”, que buscó dar información para denunciar estos casos.
