“Ha muerto un niño embera a causa de la desatención en salud y al abandono al que nuestros pueblos y parcialidades están sometidas”, declararon las Autoridades Indígenas en Bakatá, a propósito del fallecimiento de un niño embera que habitaba el campamento del Parque Nacional, donde hay alrededor de 1.300 indígenas de distintos grupos de Colombia desde el pasado 29 de septiembre.
La unión de 14 pueblos declarados en minga permanente se dio a causa del “conflicto armado, con amenazas de varios grupos armados y en medio de la pobreza”, recordaron en la denuncia pública mencionada, la cual se emitió este 28 de noviembre.
Además, los miembros de la minga afirmaron que han solicitado una mesa de diálogo “genuino” y que “la única respuesta obtenida ha sido la negativa al diálogo, la apertura de un proceso policivo para el desalojo por parte de la Secretaría Distrital de Gobierno (...), el señalamiento y revictimización por declaraciones desobligantes, injuriosas, calumniosas y revictimizantes por parte de altos funcionarios del distrito”.
Lo anterior se contrasta con lo expresado este domingo por el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, quien explicó que “desde hace más de cinco semanas, desde la Administración Distrital se ha propuesto el traslado de la comunidad Embera a la sede de La Florida en las afueras de Bogotá, que cuenta con toda la infraestructura e higiene necesarias para que la comunidad se aloje allí”.
Situación de salud
El pasado 8 de noviembre, en una alerta temprana emitida por las Autoridades Indígenas de Bakatá, ya se habían reportado las “graves afecciones de salud de diferentes índoles mayoritariamente entre los niños y niñas, mujeres lactantes o gestantes y los mayores”.
Entre las afecciones, enunciaron amenaza de parto prematuro, amenaza de aborto, neumonía crónica, escabiosis, escabiosis contagiosas, disneas, lesiones de piel graves, deshidratación total, fiebre generalizada, infecciones respiratorias, diarrea y desnutrición.
La Defensoría del Pueblo conoció que en el Parque Nacional hay concentradas 480 familias, integradas de la siguiente manera: 390 menores de 5 años, 90 menores de 6 a 11 años, 70 adolescentes de 12 a 17 años, 80 mujeres gestantes, 120 madres lactantes y 60 personas mayores de 60 años. Adicionalmente, hay 4 casos de rubeola y sarampión y 11 casos graves enfermedades respiratorias.
Luego del fallecimiento del menor, Carlos Camargo, defensor del Pueblo, reiteró su llamado “a la alcaldesa y a las autoridades indígenas para que se reanude la mesa de diálogo y se defina el reasentamiento o reubicación temporal de dichas comunidades” y le solicitó a las autoridades distritales hacer seguimiento a las gestiones adelantadas en la atención a la minga en el marco de la política pública indígena distrital.
Así mismo, la Personería de Bogotá anunció el inicio de una indagación preliminar en contra de Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud y Secretaría de Integración Social de la capital para determinar si se incurrió en algún tipo de omisión con relación al niño que murió.
Por su parte, la Secretaría de Salud enfatizó que desde el 18 de noviembre “los líderes de este grupo” no permitían presencia de la Secretaría Distrital de Salud y sin embargo, “la entidad dispuso de ambulancia las 24 horas y equipos de monitoreo”.
