Transparencia, una necesidad evidente en el país, sobre todo por los recientes casos de corrupción que han hecho eco en la sociedad, es la apuesta que emprendieron ayer las organizaciones de pacientes y el Ministerio de Salud, a través de la firma de un pacto.
En este se comprometen, principalmente, a visibilizar de dónde provienen los recursos económicos y materiales para subsistir, y dejar claro si sus actuaciones corresponden a la protección de los derechos de los usuarios de los servicios de salud o simplemente tienen intereses económicos.
Francisco Castellanos, director de la Organización Defensa del Paciente, sostiene que es una necesidad para mostrar si hay intereses de por medio en la lucha que lideran desde sus organizaciones.
“Es un avance muy importante el hecho de que las organizaciones que trabajamos en defensa de los derechos de los pacientes nos comprometemos de manera voluntaria a publicar las fuentes y la destinación de los recursos con los que desarrollamos nuestras actividades”, sostiene Castellanos, quien destaca que es un gesto de buena fe, el cual “aporta a la transparencia necesaria en el sector”.
Llamado de sensatez
Lo mismo plantea el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, quien deja claro que este pacto es un compromiso que asumen las organizaciones, sobre todo para ser más sensatos con las audiencias, pues así se podrá conocer si la labor que realizan es “filantropía”, o simplemente le están haciendo el favor a las empresas farmacéuticas. “Es muy valiosa la conciencia cada vez mayor que tienen las asociaciones de pacientes sobre el cuidado de los recursos del sistema. Esta iniciativa es ejemplar y valiente. Con este pacto evitaremos que las personas que sufren enfermedades sean instrumentalizadas en nombre de intereses económicos ocultos”, sostiene Gaviria.
Castellanos agrega que así quedará claro si existen conflictos de interés “que se pudieran presentar en desarrollo de su labor y con ocasión de su relacionamiento con empresas públicas o privadas”.
Este pacto arranca con la participación de 30 organizaciones, es decir, el 10 % de las alrededor de 300 que existen en Colombia. Ante esto, Castellanos deja claro que queda abierta la invitación para que las demás entidades que no se vincularon, lo suscriban, y entreguen un mensaje de transparencia en sus actuaciones.
Al respecto, Dina Grajales, representante de la Asociación Colombiana de Hipertensión Pulmonar, destaca que “este es un primer paso y ahora debemos seguir trabajando de la mano; organizaciones y Ministerio, para convertirnos en un modelo social de transparencia y todos los beneficios sean para los pacientes”.
Esta lucha, emprendida por estas organizaciones, debe ser el reflejo de cómo deben actuar las demás entidades de la sociedad, sean públicas o privadas en el país, pues, según Transparencia Internacional, Colombia mantiene desde hace cuatro años la calificación de 37 puntos sobre 100, en el Índice de Percepción de Corrupción en el mundo y se ubica en el puesto 96, entre 180 países.
El ministro de Salud agrega que el apoyo que la industria da a estas organizaciones es legítimo, “pero debe ser claro, tanto para sus miembros como para la comunidad en general. Los pacientes no deberían ser utilizados para inducir la demanda de medicamentos de un laboratorio específico, ni para presionar regulaciones que favorezcan un interés particular”.
Ambos coinciden en que si esto ocurre, pues debe estar sobre la mesa esa información y es algo que “debe ser claro para todos los interlocutores”.
Además, en el pacto, también queda claro que el Minsalud seguirá cumpliendo la política gubernamental de transparencia “en la difusión de toda la actividad contractual de la entidad”, así como invitará a sus contratistas a que divulguen los eventuales conflictos de intereses en los que puedan estar inmersos.
