Como una inversión para la paz calificó el fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, las contrataciones que ha impulsado en el ente acusador desde 2012, cuando se puso al frente de la entidad. Además, en medio de la férrea defensa que hizo de su gestión, en una entrevista a medios nacionales, aseguró que no asistirá al Congreso al debate de control político al que fue citado.
Los últimos días no han sido nada fáciles para Montealegre pues ha tenido que capotear una andanada de críticas en su contra debido a un informe del diario El Espectador que reveló que en tres años la Fiscalía ha celebrado más de 700 contratos de prestación de servicios por más de 40.000 millones de pesos.
Además, se pudo establecer que bajo su dirección se han adjudicado 28 contratos directos para asesorías por más de 10.000 millones, de los cuales casi el 40 por ciento, es decir 4.000 millones, han sido para la firma Springer Von Schwarzenberg Consulting Services, de propiedad de la analista política Natalia Springer.
Como si no fuera suficiente, hace pocos días salió a la luz pública que el verdadero nombre de la analista no era Natalia Springer, sino Natalia Lizarazo, y que el Springer correspondía al apellido de su exesposo, lo que puso en duda su credibilidad.
Por otro lado, en entrevista con varios medios, Alejandro Ramelli, exjefe de la Unidad de Contexto de la Fiscalía, puso en entredicho la calidad del trabajo realizado por la firma de Springer. “Esas conclusiones del equipo de Springer sobre violaciones de derechos humanos no tienen validez, están llenas de lugares comunes, lo que dice el informe sobre las Farc lo sabe cualquiera que viva en Colombia”, acotó.
Por su parte, Montealegre justificó los contratos, defendió a Springer y afirmó que seguirá adelante con el proceso de reestructuración y modernización de la Fiscalía. “Si tengo que hacer más contrataciones para fortalecer la paz las seguiré haciendo contra viento y marea y en contra de los medios de comunicación. Voy a seguir impulsando las contrataciones para sacar adelante este proyecto, el proceso de paz y la modernización de la fiscalía general”, manifestó.
Según le explicó a este diario el exfiscal y exministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, es perfectamente normal que las entidades del Estado lleven cabo procesos de contratación para labores que no pueden ser realizadas por el personal de nómina. Sin embargo lo reprochable es el uso indebido que se hace de esa facultad “como parece ser del caso”.
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