El Ministerio y la Superintendencia de Transporte revelaron este viernes que realizaron una revisión de las actuaciones sancionatorias adelantadas contra los ciudadanos y se encontró que una serie de normas que habían sido declaradas nulas desde 2016, seguían siendo utilizadas como norma sancionatoria para miles de casos en la Superintendencia.
Por esta razón, el pasado 23 de octubre de 2018 la Superintendencia solicitó un concepto al Consejo de Estado (Sala de Consulta y Servicio Civil respecto de la aplicación de sanciones al amparo de normas anuladas, particularmente las que corresponden al decreto 3366 de 2003, por medio del cual se establece el regimen de sanciones por infracciones a las norma.
Para la ministra de Transporte, Ángela María Orozco Gómez, esta decisión se tomó con el objetivo principal de proteger a los ciudadanos. “Acudimos al Consejo de Estado para poder actuar con total contundencia frente a hechos irregulares que afectan el emprendimiento y la legalidad”, puntualizó la Ministra Orozco.
En ese sentido, el Ministerio de Transporte procederán a revisar aproximadamente 60.000 expedientes, que representan más de $171.000 millones en multas.
Por esa razón, la Superintendencia está conformando grupos especiales para realizar la revisión de esos expedientes afectados, incluyendo las investigaciones en curso, los casos que se encuentran en cobro coactivo y la atención de acciones judiciales iniciadas contra la entidad.
De esta manera, serían objeto de revisión las multas impuestas a transportadores de carga y de pasajeros, incluidos los escolares, intermunicipales, y mixto de todo el país, por conductas como mantenimiento preventivo de los vehículos, capacitaciones a conductores y operadores, jornadas de trabajo de conductores y operadores, condiciones técnico mecánicas de los vehículos, exceder la capacidad transportadora autorizada, transportar carga con sobrepeso, entre otros.
La Superintendencia de Transporte hizo un llamado a los ciudadanos para que no utilicen tramitadores en el proceso de solicitud de devolución de sus dineros, pues el Gobierno Nacional es el único garante en este procedimiento
