En los últimos días han surgido iniciativas en el sector ganadero como respuesta a las invasiones de predios en distintos departamentos del país. Estas medidas de “justicia a mano propia” han sido ampliamente cuestionadas debido a los antecedentes de “autodefensas” que ha tenido Colombia, por lo que el Gobierno expresó públicamente su rechazo ante tales convocatorias.
“Eso no se puede apoyar, es una responsabilidad del Estado cuidar cuando se necesite y cuando se justifique, y cuando se violen los derechos es el Estado, en eso no podemos fallar. Pero no se apoyan las autodefensas, digan lo que digan. No podemos repetir ni abrir un espacio para ese capítulo tan doloroso del país”, dijo por su parte la ministra de Agricultura, Cecilia López, ante la comisión Quinta del Senado.
Le puede interesar: Invasiones ilegales: ¿se le devolvió el bumerán al Gobierno de Petro?
López precisó que para abordar estos casos hay que diferenciar los reclamos de pueblos como los indígenas –que han aludido a una deuda histórica y a una “recuperación” de lo que fue suyo–, de las acciones criminales que también han surgido con el fin de apoderarse de bienes ajenos.
“Ojalá cuando el gobierno empiece a mostrar resultados, que va a ser ya, eso demuestre la voluntad política del gobierno de distribuir, de legalizar, de hacer una reforma rural. Ahí es el mejor incentivo para que estas presiones sobre la tierra, sobre todo las de la ocupación, bajen su presión”, aseguró la ministra de Agricultura.
Por su parte, en una rueda de prensa ofrecida luego del debate de control político en el Congreso, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, también rechazó que se estén gestando este tipo de iniciativas y enfatizó en que “no hay ninguna posibilidad” de que se puedan concretar “estos temores de volver a organizarse fuerzas de autodefensas para ejercer justicia por propia mano”.
“Estamos preparando un instructivo para los miembros de la fuerza sobre el procedimiento a seguir: Si la invasión supera las 48 horas, el tema pasa a ser tratamiento del régimen penal. En estos casos la Policía Nacional no trataría de expulsar al invasor o a los ocupantes de la finca, sino que procedería a su respectiva captura”, afirmó el general Sanabria.