Desde la llegada del coronel Daniel Gutiérrez a la dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), ocho directores de varias cárceles del país han sido declarados insubsistentes. Esto a raíz de sus fuertes políticas anticorrupción, con las que espera contrarrestar las prácticas irregulares que han caracterizado a la institución por más de 25 años.
En solo seis meses ha retirado de sus funciones a quienes se encontraban al frente de los centros penitenciarios de Cúcuta, Ubaté, Valledupar Alta, La Dorada, Girón, La Picota, Ibagué y, el caso más reciente, en Barranquilla.
Según el director Gutiérrez, estas políticas de cambio han dado sus frutos, a raíz de que por medio de ellas se ha podido establecer que en algunos casos no estaban alienados a las políticas carcelarias; había falta de compromiso, constantes quejas del personal, entes territoriales o de la Policía; y escándalos mediáticos por falta de control y gobernabilidad en sus establecimientos.
Tema que ha tomado más fuerza, por la reciente investigación que adelanta la Procuraduría contra funcionarios de la cárcel Girón, en Santander, en la que estuvo recientemente alias el “Negro Ober”; y las polémicas declaraciones de la exdirectora de la cárcel en Barranquilla, Magda Hernández Puerto, quien llevaba solo dos meses al frente de la cárcel Modelo.
Según Hernández, durante su cargo denunció con las directivas de la entidad varias irregularidades, corrupción y algunas amenazas en su contra, pero no obtuvo mayor respuesta.
“De todo lo que ocurría tuvo conocimiento mi coronel, pero siempre me decían que sin pruebas no hiciera nada, de lo contrario sí denunciara. Nosotros los funcionarios que dirigimos las cárceles somos el hilo más fácil de cortar cuando hay escándalos; con preocupación veo que en este momento estoy totalmente desprotegida y mi familia también. La entidad no me prestó protección estando en la actividad, mucho menos ahora estando fuera”, sentenció Hernández.
Sin embargo, el motivo de su retiro no fue por tales denuncias, sino porque se encontró que durante su gestión, una persona privada de la libertad se habría fugado de un hospital de Barranquilla, después de haber recibido una atención médica.
