Menos de 24 horas después de que el presidente Gustavo Petro firmó el decreto que da vía libre a la consulta popular, pese al concepto negativo del Senado, este jueves ocho partidos presentaron una demanda contra el acto administrativo ante el Consejo de Estado.
En el recurso, las colectividades solicitaron la nulidad por inconstitucionalidad del decreto presidencial y alertaron sobre lo que calificaron como una “grave ruptura del Estado de derecho”.
Según los partidos, en juego está la separación de poderes, la legalidad y la soberanía popular. Además, alertaron que desconocer la decisión adoptada por el Senado el pasado 14 de mayo “refleja una peligrosa deriva autoritaria que amenaza la estabilidad institucional del país”.
“La demanda está sustentada en cuatro cargos: vulneración al Estado social de derecho, violación del principio de soberanía popular, extralimitación del presidente en el ejercicio de sus funciones y separación de poderes, violación al debido proceso y desconocimiento del obligatorio concepto previo favorable del Senado”, argumentaron.
En esa línea, los partidos pidieron que el alto tribunal adopte una medida cautelar que suspenda provisionalmente los efectos del decreto, “con el objetivo de evitar erogaciones presupuestales irrecuperables y prevenir una alteración del orden constitucional”.
Las colectividades insistieron en que el acto administrativo en una extralimitación de funciones por parte del Ejecutivo, contraria al ordenamiento jurídico vigente. “Hay que recordar, que el proyecto de consulta fue votado en el Senado (14 de mayo), cuando no logró los votos suficientes para su aprobación”, agregaron.
Al ratificar su compromiso con la defensa de la democracia, la Constitución y el Estado de Derecho, los partidos anunciaron además que interpondrán denuncias ante la Comisión de Acusación y la Fiscalía General de la Nación.
Detrás del recurso se encuentran los partidos Conservador, Cambio Radical, Centro Democrático, La U, Colombia Justa Libres, Verde Oxígeno, Liga Anticorrupción y Liberal.
El presidente Gustavo Petro cumplió su amenaza y este miércoles, saltándose al Senado y desafiando a la institucionalidad, decidió firmar el decreto con el que convoca la consulta popular que el Congreso negó el pasado 14 de mayo.
A través de un mensaje en la red social X, el mandatario formalizó la convocatoria, aunque –con un dejo de chantaje– se declaró dispuesto a derogar el documento siempre y cuando el Senado, que discute la reforma laboral, acoja el texto que fue aprobado por la Cámara de Representantes.
“He firmado el decreto que convoca a la consulta popular. Solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo para que exprese su orden contituyente, sean respondidos positivamente por el Congreso, poder constituido legitimo para discutir leyes”, declaró el jefe de Estado, quien señaló que el documento también fue enviado a la Corte Constitucional.
Desde el recinto del Senado, a donde acudió como mediador en búsqueda de acuerdos con los diferentes partidos, el ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó que el presidente expide el decreto ayer “porque la ley da plazo hasta las 12:00 de la noche. El presidente confía en el Senado y en los acuerdos a los que se puedan llegar por restaurar los derechos laborales de la clase trabajadora”.
De acuerdo con Benedetti, la fecha de la convocatoria a las urnas, en caso de que no haya acuerdos sería el próximo 7 de agosto. El ministro afirmó en que si la reforma laboral “sale tal cual producto de una concertación con el Senado, no es una imposición”, el Gobierno derogaría el decreto.