viernes
1
5
1
5
Por Leonardo Botero Fernández | Publicado el 02 de octubre de 2020
El esquema de protección de Piedad Córdoba fue atacado. El Gobierno, a través del Ministerio de Defensa, ha insistido en que su mayor preocupación es la vida.
Aunque en Colombia la oposición es un derecho protegido, algunos de los políticos que la ejercen sienten que el ambiente no es propicio para ello. Amenazas con panfletos, ataques, y lo que muchos consideraron una estigmatización, son factores que –según manifiestan ciertos congresistas opositores– se han hecho más evidentes en los últimos cuatro años. Pero el Gobierno, a través del Ministerio de Defensa, defiende su gestión en esta materia y advierte que siempre está atento a sus requerimientos.
La preocupación que expresa la oposición se acrecentó desde el pasado miércoles en la noche, cuando a una de las camionetas del esquema de seguridad de la exsenadora Piedad Córdoba –a quien ya habían dejado en su casa– le dispararon en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá. El coronel de la Policía William Arias, dijo que ya hay un sospechoso capturado y que se está recolectando información. Además, que habría sido un intento de hurto.
La exsenadora puso en duda esta versión: “Respetuosamente, me permito preguntar: ¿quién moviliza 8 hombres armados en varios vehículos para atacar a una camioneta y finalmente solo robar un arma?”.
Este cuestionamiento fue apoyado por al menos tres líderes opositores, entre los que se cuentan los miembros de la llamada bancada alternativa en el Congreso, quienes plantearon falta de garantías para ejercer su labor.
Una de ellas fue la representante a la Cámara y excandidata vicepresidencial, Ángela María Robledo, quien aseveró: “¿8 hombres y 3 carros para robarse un arma? A Piedad Córdoba no querían atracarla, el mensaje de los victimarios es que están dispuestos a asesinarla a ella o a uno de sus escoltas”.
En diálogo con con EL COLOMBIANO, agregó que “hay una estigmatización cuando nos dicen que traficamos con la muerte, que somos calumniadores y por la enorme dificultad para un diálogo con Iván Duque. Lo de Piedad debe ser revisado y tomar medidas”.
El Ministerio de Defensa, en el debate de control político del miércoles sobre la situación de los líderes en el país, insistió en su preocupación por la seguridad de quienes se han declarado en oposición. Diana Abaunza, viceministra para las Políticas y Asuntos Internacionales, indicó que el Gobierno trabaja en un Plan de Acción Oportuna para la protección de la vida e insistió en que “los resultados no nos satisfacen, porque los esfuerzos no se deben escatimar y debemos seguir profundizando en ellos”.
Ambiente de temor
En tres los congresistas consultados por este medio para este artículo, de la Alianza Verde, el Polo Democrático y Colombia Humana, también se evidenció una sensación: que hay un clima tenso para poder ejercer su derecho a la oposición.
“Yo soy una mujer que hace tiempo camino en la calle y, en el último tiempo, hay una ausencia de claridad en los protocolos. Sentimos un ambiente de asedio e inseguridad que tiene para resolverse con el mandato del Tribunal de Cundinamarca y la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Hay un ambiente de autoritarismo”, precisó Robledo.
Por esa misma línea va la opinión del representante de la Alianza Verde Inti Asprilla, quien recordó que, hace dos años –con el estatuto de la oposición– se ordenó al Gobierno la creación de un plan de seguridad para opositores, pero aún no existe. “Hay una preocupación no atendida por el Gobierno y generada por el recrudecimiento de la violencia. Por eso, lo de Córdoba fue un mensaje”.
Aun así, también reconocen el cuidado brindado por la Unidad Nacional de Protección (UNP). “Tengo un esquema de seguridad robusto, porque he recibido amenazas de las Águilas Negras. Del lado de la UNP, en especial cuando trabajé con Gustavo Petro, me fue reforzado mi esquema y cuento con un grupo de personas absolutamente idóneas que protegen mi vida”, destacó Robledo.
EL COLOMBIANO buscó a Alfonso Campo Martínez, director de la UNP, pero –aduciendo compromisos con la Presidencia– no atendió las preguntas. Sin embargo, tan pronto se supo del ataque al esquema de seguridad de Córdoba anunció que se reforzaría su protección.
No obstante, el senador del Polo, Iván Cepeda, considera que la discusión debe ir más allá de los escoltas y que se debe plantear una responsabilidad directa del Estado en los riesgos que, para él, existen, pues “no le ha dado a la oposición seguridad para ejercer sus derechos”.
La respuesta del Ejecutivo, en ese sentido, en cabeza del Ministerio de Defensa, es que sí se está trabajando para potenciar las garantías de la oposición
Contexto de la Noticia
radiografía Hay reducción de hechos violentos
La Misión de Observación Electoral, a través del informe “Un país sin líderes no es país”, publicado el pasado 22 de septiembre, manifestó su preocupación por el aumento de hechos violentos en contra de líderes políticos y sociales en Colombia. “Si bien comparado con 2019 se advierte una disminución del 2 % de los hechos de violencia, las cifras son preocupantes, pues muestran que la violencia no cesa, ni se ve reducida sustantivamente. Durante el primer semestre de 2020. el fenómeno de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales se ha extendido de manera constante”, adviertió la MOE.
Periodista de la UPB y especialista en Creación Narrativa de la Universidad Central (Bogotá). Escribo.
