Un nuevo hedor a nepotismo encapota el gobierno de Gustavo Petro y pone una vez más en entredicho el mentado mérito en el ‘gobierno del cambio’. Todo esto, justo cuando restan días para que el Congreso reanude sesiones. Este martes se conoció que Alan Guillermo Asprilla Reyes, hermano del senador Inti Asprilla (Alianza Verde) –uno de los petristas pura sangre más incondicionales al Jefe de Estado–, ocupará un alto cargo en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
La hoja de Asprilla Pérez fue colgada en la página de la Presidencia para aspirantes a ocupar cargos públicos y llegaría a dirigir la Unidad de Cumplimiento del Dapre. En la dirección de este Departamento, considerado el ‘computador de Palacio’, se encuentra uno de los funcionarios que le habla al oído al presidente y que viene, justamente, de presidir a los verdes: Carlos Ramón González.
En la hoja de vida se detalla que Asprilla es economista de la Universidad de Los Andes, con estudios de posgrado en economía. Entre 2019 y 2022, durante el gobierno de Iván Duque, Asprilla Reyes fue contratista y posteriormente fue nombrado secretario General del Ministerio de Vivienda. No sería el único de los Asprilla trabajando en el Estado.
La emisora W Radio reveló recientemente que Selma Beatriz Asprilla Coronado –tía paterna del senador Asprilla–, llegó hace un par de meses al Ministerio del Interior. En ese entonces, el congresista negó que hubiese tenido algo que ver con el nombramiento e incluso, señaló que su relación con el jefe de esa cartera, el ministro Luis Fernando Velasco, no era buena.
Lo cierto es que la llegada del hermano del senador Asprilla al Gobierno se suma al ramillete de nombramientos que tienen algún tipo de relación con los verdes. En enero pasado, se conoció que al mismo Dapre llegó como jefe de la Oficina de Relacionamiento Ciudadano Magda Paola Núñez Gantiva. La politóloga es nada menos que la esposa del senador verde Ariel Ávila.
Hoy por hoy, además de la dirección del Dapre, los verdes cuentan en el gobierno con Jorge Eduardo Londoño Ulloa, director del Sena; Mauricio Toro Orjuela, director del Icetex; la consejera para las regiones, Sandra Ortiz, y el director del Fondo de Paz, Wilmer Leal.
Para no ir más lejos hay que decir que recién la semana pasada se conoció que el próximo superintendente de Salud será el médico Luis Carlos Leal, quien ocupó una curul en el Concejo de Bogotá en representación de la Alianza Verde. Sin embargo, desde ya hay reparos a su idoneidad por aparentes carencias en materia de experiencia administrativa.
Inclusive, a nivel diplomático –otro de los frentes donde el mérito se quedó en discursos, pese a ser una promesa de campaña del hoy presidente–, los verdes cuentan con el embajador en Argentina, Camilo Romero, o el embajador en Nicaragua, León Fredy Muñoz.
Por cuenta de todas estas cuotas, en noviembre pasado el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, levantó una polvareda cuando –en medio del accidentado trámite de la reforma a la salud–, criticó que los verdes se opusieran a la iniciativa, aunque “disfrutan del Gobierno”.
“Uno no puede tener representación importante a través del Sena o el Icetex y hacer oposición (...) Hay que asumir una posición clara, o se está con el Gobierno o se está en oposición”, planteó Jaramillo en ese entonces, lo que llevó a un grupo de congresistas a plantear dejar de ser partido de gobierno y migrar a la independencia. Se trata de una decisión que aún está en veremos.
En ese entonces, congresistas como Katherine Miranda –que hace parte del grupo de congresistas verdes que ha tomado distancia del Ejecutivo y ha conservado una actitud crítica e independiente–, llegó a cuestionar en diálogo con este diario que “si Petro quiere realmente hacer cambios no es a punta de puestos. Tiene que contar con el país y con la mayoría de los congresistas. Es a punta de ideas y de consensos”.
Restan días para que el Congreso reanude sesiones el próximo viernes 16 de febrero. El Ejecutivo llega con una ambiciosa agenda de proyectos, entre ellos, la reforma a la salud, pensiones, educación, laboral y hasta de justicia. Dado que Petro sigue siendo un mandatario impopular y adolece mayorías, conservar aliados será clave. De allí la importancia de mantener lo que algunos defienden como participación burocrática.
También en el servicio diplomático
Otro de los hechos que pone en duda el discurso del mérito se hizo público la semana pasada, cuando el controvertido exsenador Armando Benedetti asumió como embajador ante la FAO. Aunque el sindicato de la Cancillería alertó que ni siquiera cumple con los requisitos que piden para que alguien sea embajador, Benedetti asumió el cargo.
Si bien el gobierno Petro llegó al poder con la promesa de dignificar el servicio exterior, se han priorizado las cuotas políticas sobre los méritos y la formación de carrera diplomática y consular. El año pasado se conoció que cursaban 51 demandas contra la Cancillería por la designación de personas no idóneas para ocupar sus cargos.
En agosto pasado, María Angélica García, presidenta de la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática (Unidiplo), denunció que había al menos 55 nombramientos diplomáticos de manera irregular. En esa línea, reclamó por indiferencia y silencio tanto del canciller Álvaro Leyva como de Petro.
De hecho, en noviembre pasado la justicia tumbó uno de los nombramientos más polémicos: el de Moisés Ninco Daza como embajador de Colombia en México. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió tumbar su nombramiento por cuenta de un error de procedimiento.
La designación fue polémica desde el inicio. No tiene título universitario y, para validar su nombramiento, acreditó un simposio y su participación en el modelo de Naciones Unidas de la Universidad de La Sabana. Su último trabajo fue de community manager.
