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La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Medellín decidió aumentar la condena de 400 meses (33 años) por el delito de homicidio agravado que en un principio había dictado un juez contra el sargento del Ejército Richard Antonio Pérez, quien en 2016 mató a golpes a su hijo de cinco años.
Ahora la sentencia contra el suboficial es de 440 meses (36 años y 8 meses) y, a parte de eso, el tribunal ordenó la investigación de varios funcionarios y oficiales del Ejército, entre quienes se encuentra el excomandante de esa institución para esa época, general Jaime Lasprilla.
“A la Procuraduría General de la Nación para que se investigue al Teniente Coronel Óscar Armando Rodríguez Ruiz, al Brigadier General Carlos Arturo Franco Corredor y al Comandante del Ejército Nacional para la fecha, Jaime Lasprilla”, dice uno de los apartes de la sentencia, obtenida por EL COLOMBIANO.
Los otros funcionarios a quienes el Tribunal Superior de Medellín ordenó investigar son: María Laura Lagos Farfán, comisaria de Familia de Granada (Meta) entre 2011 y 2015, Luz Janeth Forero Martínez, directora de la Regional Antioquia para esa época y al coordinador del centro zonal 4 del municipio de Medellín, Mauricio Arango Villa.
Los hechos
Según se narra en el acta emitida por el tribunal, el sargento del Ejército, Richard Antonio Pérez, sustrajo a su hijo de la residencia de su madre, ubicada en Barranquilla, en diciembre de 2013 y se lo llevó a vivir a Medellín, y aunque en un principio permitió a la madre comunicarse con el menor, un tiempo después cortó todo tipo de contacto.
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Para el segundo semestre de 2015, Richard Pérez se fue a vivir con el menor a un edificio ubicado en el barrio Prado Centro, donde “lo mantuvo encerrado, privado de relacionarse con su familia materna y otros menores, desescolarizado, desnutrido y sometido a brutales maltratos físicos que nunca fueron tratados medicamente, situación que fue generando cicatrices en su cavidad abdominal llamadas bridas, que desgastaron su cuerpo, el cual no resistió más hasta el 6 de febrero de 2016 cuando después de una seguidilla de cinco golpes, le propinó uno contundente en el vientre que produjo el rompimiento de su vejiga y vesícula biliar, y, en consecuencia, la muerte”.
Pocos días después de la muerte del niño, el militar fue capturado por el CTI de la Fiscalía. Para el 11 de febrero de 2016, un juez legalizó la captura y luego de tres años de juicio, fue condenado. Esa condena fue apelada por la misma Fiscalía y con la decisión del Tribunal Superior de Medellín, se da por cerrado este caso.