El incremento de la siembra de minas antipersonal en el territorio colombiano por nuevos grupos armados ilegales como disidencias de las Farc, y otros como el Clan del Golfo y el Eln, llevó a que desde el Gobierno se solicitará un nuevo plazo a la Convención de Ottawa para lograr un país sin estos artefactos explosivos.
La solicitud fue hecha a través del alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, quien aseveró que “los retos para Colombia en la descontaminación del territorio dependen de la ubicación y limpieza de las minas antipersonal de naturaleza improvisada, las exigencias de las condiciones topográficas y climáticas del país, los grupos ilegales que siguen instalándolas y la sostenibilidad financiera de las operaciones de desminado humanitario”.
En su intervención en la convención, que se realiza desde ayer y se prolongará hasta mañana en Ginebra, Suiza, Ceballos indicó que en Colombia se han dado grandes pasos en el desminado humanitario. Aseveró que entre 2001 y 2010 el país únicamente contaba con intervenciones en cuatro municipios, pero actualmente, de los 720 que presentan algún nivel de contaminación por estos artefactos explosivos improvisados, ya hay 156 municipios en intervención y 404 declarados libres de sospecha de minas antipersonal.
“Estos avances han permitido un despeje acumulado de más de seis millones de metros cuadrados y la destrucción de 3.733 minas antipersonal. Este despeje representa un impacto directo en más de catorce millones de habitantes de los municipios declarados libres de sospecha de minas antipersonal”.
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