La difícil situación humanitaria que atraviesa el departamento del Chocó, en especial su zona norte, donde el narcotráfico y el enfrentamiento entre los grupos armados ilegales Eln y Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Agc, ha reavivado el conflicto armado, llevó a que la Defensoría del Pueblo encienda las alarmas sobre las afectaciones que padecen los habitantes de los municipios que componen esa región chocoana.
Por esta razón, el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, y una comitiva de la Defensoría que incluye asesores en diversas especialidades como asuntos étnicos, mujeres, víctimas, salud, educación, entre otros, ha realizado un recorrido por las poblaciones de Nuquí, Tribugá, Juradó, Bahía Solano y Quibdó, en Chocó, y la población fronteriza con Panamá, Jaqué, para escuchar de los pobladores quienes les expresaron sus necesidades y el miedo que les genera el conflicto armado.
“Hemos encontrado diversas afectaciones en todas las comunidades. Hay desplazamientos, confinamientos de los pueblos indígenas que no pueden salir a cazar o a pescar por el temor de encontrarse a los armados; hay reclutamiento de niños y niñas. Además, en el tema de salud falta más cubrimiento y sanear las necesidades básicas de estas comunidades alejadas de toda centralidad”, expresó Negret a EL COLOMBIANO, que lo acompaña con un equipo periodístico por este periplo.
Negret expresó que lo más complicado es que toda esas violaciones a los derechos humanos tienen un común denominador: el narcotráfico.
“Tenemos componentes que están en la lucha contra las drogas. Tenemos Armada Nacional, Ejército y Policía, pero ellos necesitan más recursos para atacar a los narcotraficantes que pasan por las bocanas y transportan la droga desde los puertos del Pacífico como Buenaventura y llegan hasta esta región para llevar la droga a Panamá y Centro y Norteamérica”, expresó el Defensor del Pueblo.
Según Negret, el despliegue de la Fuerza Pública por su visita a la zona norte, tenía desesperados a los narcotraficantes por el retraso de tres días de un cargamento de cocaína que saldría de una de estas poblaciones, información que obtuvo de la misma comunidad.
Temor en las comunidades
En el recorrido, EL COLOMBIANO conversó con habitantes de estos municipios y la mayoría de testimonios coinciden en que los grupos armados le están imponiendo condiciones para vivir en sus territorios.
En Juradó, Chocó, las incursiones de “los paramilitares” a las comunidades indígenas se volvieron cotidianas. Llegan hasta los resguardos y los acusan de ayudarles a la guerrilla, entonces les piden colaboraciones y si no les ayudan con víveres, arremeten contra ellos.
Así lo explicó un integrante de uno de los cabildos: “llegaron hasta donde nosotros estábamos por el mar. Dijeron que necesitaban comida y otras cosas, como nos negamos y les pedimos que se fueran del territorio nuestro que es sagrado, se nos robaron chivos y gallinas, plátano y yuca”.
Esta situación se presentó también en la población Aguas Claras en Triganá, hasta donde se desplazaron 1200 indígenas después del asesinato de uno de sus integrantes el pasado 6 de enero.
“Llegaron 10 hombres encapuchados y preguntaron por uno de nosotros. Como no estaba, entonces mataron al tío”, relataron los comuneros.
Estas agresiones ha llevado al confinamiento de las comunidades afro, pero también al desplazamiento de indígenas que aseveran no pueden vivir en este territorio.
Con este recorrido la Defensoría pone en evidencia la crisis humanitaria y hace un llamado al Gobierno para que se brinden garantías para el retorno y la protección inmersa en las confrontaciones.
