Catorce años tuvieron que pasar para que víctimas de la Comuna 13 conocieran un fallo a su favor por los hechos ocurridos durante las 19 operaciones militares, entre ellas Mariscal, Potestad, Antorcha y Orión (y posterior a ellas), que adelantó la Fuerza Pública en el 2002 para retomar el territorio.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, CorteIDH, encontró culpable y condenó al Estado, en una sentencia de 122 páginas, en los casos de cinco lideresas de derechos humanos que fueron desterradas, despojadas, hostigadas, amenazadas, detenidas ilegalmente y una de ellas asesinada.
Fueron ellas María del Socorro Mosquera, Mary del Socorro Naranjo, Luz Dary Ospina, Myriam Eugenia Rúa y Ana Teresa Yarce, esta última asesinada.
De acuerdo con la Corte, el Estado violó la libertad e integridad personal, la protección de la honra y de la dignidad, vulneró el deber de prevenir la violación del derecho a la vida y en el caso de los desplazamientos: no brindó asistencia sino en forma limitada y demorada, no adoptó medidas tendientes a posibilitar el retorno seguro de las personas afectadas, lo que coadyuvó al sufrimiento generado por la situación y le faltaron acciones estatales para proteger las viviendas, las cuales fueron desmanteladas progresivamente hasta quedar saqueadas y en ruinas.
Todo esto llevó a los jueces de la Corte a establecer reparaciones morales y materiales superiores a las establecidas en la Ley de Justicia y Paz y en la Ley de Víctimas para las cuatro mujeres que sobrevivieron y los hijos de la líder fallecida.
Desde las víctimas
La abogada María Victoria Fallón, del Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos, lleva 14 años acompañando a las víctimas de la Comuna 13 en su representación jurídica, y fue quien llevó este caso ante el Sistema Interamericano.
Fallón se mostró complacida con que la Corte advirtiera que durante 14 años Colombia no ha hecho justicia con las víctimas y desestimara la petición del Estado de esperar la transición producto del proceso de paz para atender los requerimientos de las víctimas internamente.
Y además, señaló como muy valioso que se estimaran tantos argumentos a la hora de establecer las reparaciones.
“Esta fue una lucha muy larga en la que siempre tuvimos oídos sordos de parte del Estado. En resumidas cuentas creemos que la sentencia hace justicia por lo ocurrido”, manifestó la abogada.
Desde el Estado
Para Juana Acosta, directora del programa de Derecho de la Universidad de la Sabana, y quien representó al Estado ante la Corte en este caso, es importante aclarar que este fallo de ninguna manera está condenando a la Nación por la Operación Orión.
“La Corte expresamente dice que no se va a pronunciar sobre las operaciones militares y también dice que los hechos ocurridos a las cinco defensoras ocurrieron después de la Operación Orión”, anotó Acosta.
De hecho, la sentencia explica que las primeras detenciones se dieron el 13 de noviembre de 2002, y la última de las operaciones, la Orión, ocurrió el 16 y 17 de octubre de ese año. Después de las detenciones se dieron los desplazamientos y el asesinato de Yarce.
Según el Tribunal, estos hechos ocurrieron mientras se daba el “Estado de conmoción interior y una vez ejecutada la Operación Orión”.
Sin embargo, la sentencia sí reconoce que los hostigamientos y amenazas se dieron en el transcurso de las operaciones militares.
“Otro punto muy importante era si en el asesinato de la defensora Yarce y en el desplazamiento de las otras mujeres había habido participación de la Fuerza Pública. Los defensores alegaban que todo había sido planeado conjuntamente entre agentes del Estado y paramilitares. La Corte descartó la participación de agentes estatales”, precisó la docente.
Además, Acosta insistió en que la Corte admitió que la investigación por el asesinato de la lideresa había sido bien hecha, diligente, se condenó a los paramilitares responsables y no hubo violación a la Convención Interamericana.
Que el Estado cumpla
Luego de años de ires y venires en el sistema penal colombiano, en Justicia y Paz y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, las víctimas de la Comuna 13, a través de la abogada Fallón, solo piden que les cumplan. Que el Estado no solo pague las indemnizaciones a las que están obligados en la sentencia, sino que cumpla las demás medidas: que investigue y juzgue los delitos que están impunes, que les brinden tratamiento de salud y psicológico y que les pidan perdón públicamente, entre otras acciones.
Acosta afirmó que eso no será problema porque “el Estado de Colombia siempre cumple las sentencias de la Corte, así no esté de acuerdo”.
17
veces ha fallado la CorteIDH en contra del Estado colombiano.
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