Hace dos meses salió de la cárcel para presentarse ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, después de pasar 16 años en prisión. La condena contra el general Jaime Uscátegui es de 37 años por omisión, homicidio agravado y secuestro simple, por los hechos ocurridos durante la masacre de Mapiripán, que este fin de semana cumple 20 años.
Durante la semana del 15 al 20 de julio de 1997 más de 100 paramilitares de Urabá y Córdoba llegaron a Mapiripán, en el Meta, algunos por tierra y otros por aire (en aviones que aterrizaron en el aeropuerto de la Aeronáutica Civil que estaba al cuidado del Batallón Joaquín París). Con lista en mano sacaron a algunas personas de sus viviendas o de sus negocios, los torturaron y los asesinaron. Todavía las autoridades no han podido precisar cuántas personas murieron. En 1999 la Fiscalía General de la Nación habló de 49 muertos, pero hoy la cifra oscila entre 7 y 13 personas asesinadas.
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Ahora, cuando una nueva jurisdicción nace en el país, producto del Acuerdo entre el Gobierno y las Farc, para juzgar los más graves delitos cometidos durante el conflicto armado, el general Uscátegui encontró una posibilidad para aclarar los hechos que allí ocurrieron y demostrar la inocencia que lleva defendiendo por casi dos décadas.
En su primera entrevista desde que salió de prisión le explicó a EL COLOMBIANO su versión de los hechos y sus expectativas sobre la JEP.
¿Por qué se acogió a la JEP?
“Porque voy a solicitar la revisión de mi proceso. Confío en demostrar mi inocencia y lograr la absolución. Lógicamente que la intervención mía también va a permitir que se esclarezca la verdad, es decir, no voy a admitir responsabilidad porque yo soy inocente, pero sí voy a contribuir a que se aclare la verdad. Yo confío en que esos jueces o magistrados que van a nombrar sean personas que reúnan todos los requisitos, que sean idóneos, justos, probos, y que lógicamente administren justicia, eso es lo que yo estoy pidiendo”.
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¿Cree que de alguna manera quedó involucrado en un hecho en el que sí tenían responsabilidad otros miembros de la Fuerza Pública?
“Por supuesto. Yo siempre he insistido que las tropas responsables de ese sector de Mapiripán, los que tenían a cargo esa jurisdicción, no eran de la Séptima Brigada, que estaba bajo mi mando, sino la Brigada Móvil 2, que estaba a cargo del coronel Lino Hernando Sánchez Prado, quien ya fue condenado a 40 años en todas las instancias, también eran hombres que estaban a cargo del Batallón Joaquín París, cuyo mando era el teniente coronel Hernán Orozco Castro, que también fue condenado a 40 años.
Aquí lo que han tratado es de desviar la investigación porque ese Batallón dependía operacionalmente de la Brigada Móvil II, pero desde un comienzo este coronel, para protegerse él y proteger a esa Brigada, en la indagatoria que le hicieron en el año 1999 manifestó que dependía operacionalmente de mí, lo cual es una falsedad. Inclusive del Batallaón ya condenaron a dos suboficiales, el que tenía una base en el aeropuerto de San José del Guaviare, porque esos aviones no llegaron a una pista clandestina sino al aeropuerto de la Aeronáutica Civil, ahí había un sargento encargado que era Miller Diaz Urdueña, que era del Batallón Joaquín París, condenado a 32 años, y había otro sargento que era el encargado de la inteligencia militar, Juan Carlos Gamarra, quien también fue condenado a 22 años de cárcel”.
¿Este Batallón y esa Brigada a quién le respondían?
“En la jerarquía que nosotros tenemos había una Cuarta División del Ejército que estaba en Villavicencio, que la tenía el mayor general Ardila Uribe, de esa División dependía la Brigada Movil 2, y el Batallón Joaquín París dependía operacionalmente de esa Brigada Móvil.
A su vez, ¿usted le respondía a la misma División?
“Exactamente. La Cuarta División toda la vida ha tenido tres brigadas: tenía la Séptima Brigada en Villavicencio, la Decimosegunda Brigada en Florencia, y la Novena en Neiva, pero en 1996 a raíz de los problemas tan graves en Guaviare, Vaupés y Vichada, el comandante del Ejército le entregó a la Cuarta División la Brigada Móvil 2 para San José del Guaviare. Es decir, ya eran cuatro brigadas. Una cosa muy importante es que todas las brigadas son independientes, todas tienen la misma categoría en un nivel horizontal. Lo único que teníamos en común era que dependíamos de la División, pero ninguna brigada le puede dar órdenes a otra. Es como un alcalde que no le puede ordenar a otro alcalde”.
Entonces, de alguna manera, no es un asunto de las víctimas que lo hayan señalado a usted sino que el señalamiento de que usted es responsable de esa masacre se da dentro del mismo Ejército...
“Este coronel Orozco cuando lo llaman a indagatoria en marzo de 1999 para lavarse las manos y para protegerse y proteger a su jefe, quienes estaban amangualados entre ellos, dijo que él dependía de mí. Hay más de 20 declaraciones de todo el mundo: del comandante general de la época, general Bedoya; del comandante del Ejército de la época, general Bonnet; del mismo comandante de la división, general Ardila, todos han declarado que ese Batallón no dependía de la Séptima Brigada sino de la Brigada Móvil 2. Los únicos que dicen que el Batallón dependía de la Séptima son los oficiales de la Brigada Móvil 2, o sea el coronel Lino Sánchez y sus oficiales.
Pero hay una situación muy curiosa que yo quiero comentar: primero, toda la línea de mando de la época del año 1997 todos reconocen que ese Batallón no dependía de mí; segundo, el coronel Orozco en el año 2000 fue a la Procuraduría General de la Nación y dijo: ‘Vengo a confesar la verdad, reconozco que yo dependía era de la Brigada Móvil 2 y no de la Séptima Brigada’, pero ese documento a nadie le importó, a nadie le interesaba que se cayera todo ese tejemaneje; y tercero, es muy importante una prueba, en el año 2006 Juan Manuel Santos, siendo ministro de la Defensa, certificó por escrito y anexó como 10 documentos voluminosos, donde decía que para julio de 1997, cuando ocurrió la masacre, el Batallón Joaquín París dependía de la Brigada Móvil 2 del Ejército, ese documento es muy importante porque el ministro de Defensa es la máxima jerarquía de las Fuerzas Armadas y en la actualidad es el presidente de la República y el Premio Nobel de Paz, por lo que es un testigo excepcional”.
Cuando se negoció la JEP los militares tenían serias reservas sobre esta justicia, ¿qué cosas hacen que usted confié en que en la JEP sí se va a hacer justicia en su caso?
“El principal problema mío es con la justicia ordinaria, porque cuando yo en el 2007 fui absuelto por el Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogotá y, como cosa curiosa, fue condenado a 40 años el coronel Hernán Orozco, hasta ahí perfecto, porque así era como tenía que ser. Y ya el coronel Lino Sánchez había sido condenado y los suboficiales también. Pero como todo en Colombia esto se fue a apelación al Tribunal Superior de Bogotá, y allá, me duele decirlo, los tres magistrados incurrieron en un prevaricato monstruoso, del que el mismo fallo es la principal prueba, y me condenaron a 40 años y le confirmaron los 40 años al coronel Orozco. Yo por eso no creo en la justicia ordinaria. A mí nunca se me olvida que tres magistrados prevaricaron para meter a un hombre inocente en la cárcel. Fueron Luis Mariano Rodríguez Roa, Adalgiza Neira Palacios y Marlen Orjuela Rodríguez, yo no sé que cargo estarán desempeñando ahora, pero lo único cierto es que incurrieron en prevaricato.
Entonces, al no creer yo en la justicia ordinaria, digo: ‘yo me voy a somete a la JEP porque tiene que haber justicia en alguna parte del mundo, si van a escoger magistrados ¿será posible que en Colombia no haya una persona justa?’. Yo creo que aquí va a haber justicia, espero que el día que me llamen, que será el próximo año, porque ni siquiera han nombrado magistrados, voy a ir con más de 200 pruebas a demostrar mi inocencia, a solicitar que esté presente la Comisión de la Verdad, la OEA, la ONU, periodistas y que si quieren traer marcianos que los traigan, pero yo voy a darme la pela allá”.
¿Por qué se dio el enredo de las falsas víctimas?
“Aquí hubo un problema muy berraco porque fue que el 20 de mayo de 1999, cuando la Fiscalía me dictó a mí medida de aseguramiento, yo era el comandante de la Segunda División en Bucaramanga, la Fiscalía de una manera irresponsable, no sé como, confirmó en esa resolución que los muertos de Mapiripán habían sido 49, torturados, asesinados, descuartizados, todo lo que se quisieron inventar, pero no dio ni un solo nombre, hablaron de un paquete de campesinos muertos, ni siquiera anexaron ningún material probatorio, y eso sirvió para un fraude monstruoso, a raíz de eso todo los que estaban interesados en sacarle plata al Estado y todos los abogados que querían sacar tajada empezaron a aparecer con víctimas de todas partes, pero lo más curioso, ya van 12 condenas por falsas víctimas y después de tantos estudios, y ahora que se van a concretar 20 años, se comprobó que las víctimas fueron siete.
En el casco urbano de Mapiripán no hubo sino tres muertos, José Roland Valencia, a él lo enterraron ahí en Mapiripán; Sinaí Blanco Santamaría, lo enterraron en San Martín Meta; Antonio María Barrera Calle, quien está desaparecido y todo indica que lo asesinaron en Mapiripán pero nunca se encontró el cuerpo. Muy lejos hay un corregimiento que se llama la Cooperativa, allá hubo cuatro muertos: Álvaro Tovar Muñoz, Jaime Pinzón Gómez, María Giorgina Pinzón Marín y Leduin Morales. Esta información es palabra de Dios, como quien dice modelo 2017.
De Mapiripán empezaron a sacar toda clase de fábulas, que era que las personas las mataban y las tiraban al río, que las descuartizaban, pero después en el Río Guaviare se hizo de todo para encontrar los cuerpos, mandaron hasta técnicos forenses en aguas de otros países, pero no se halló ni un solo cadáver, se demostró que todo fue falso. Hubo como 50 pobladores de Mapiripán que los llamaron a declarar ante el personero de Villavicencio y todos declararon que los muertos en el casco urbano fueron de tres a cuatro.
El día 22 de julio llegó la Fuerza Pública a Mapiripán, allá llegó el comandante de la División, y fueron los que tenían que ir, yo no fui porque eso no era responsabilidad mía, ¿usted cree que si hubiera sido responsabilidad mía y no me aparezco allá el comandante de la División no me había jalado las orejas?, había sido él el primero que me dice: oiga general Uscátegui si esto es suyo usted por qué no viene, si estoy yo acá ¿porque no viene usted a poner la cara?’. La Fuerza Pública no encontró ni un solo cadáver, porque como te digo, ahí no habían muerto sino tres, uno que estaba enterrado, a los pocos días hubo que exhumarlo, uno que habían enterrado en San Martín y el otro desparecido, por eso los periodistas, la Cruz Roja Internacional y todos los que fueron no encontraron ni un solo cadáver”.
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General, después de tanto tiempo privado de la libertad ¿cómo fue para usted volver a casa?
“Imagínese. Yo duré privado de la libertad 16 años, en todo ese tiempo sufre uno todas las consecuencias y más aún siendo inocente, porque un culpable sí acepta y debe pagar lo que cometió, pero un inocente no tiene por qué estar en la cárcel. Las consecuencias fueron de todo tipo: morales, económicas, institucionales, porque yo era el comandante de la Segunda división y como primer puesto en mi curso aspiraba a algún día comandar el Ejército, esto fue una ruina total en todos los aspectos. Uno vuelve después de 16 años a salir a ver cómo organiza su vida. Cuando a mí me dictaron mediada de aseguramiento mi hijo Julián estaba en el vientre materno, no tenía sino tres meses de gestación, y ahora va a cumplir 18 años y hasta ahora sabe lo que es tener el papá en libertad. Imagínese, hoy es un muchacho de uno con ochenta de estatura, y a cualquiera le puedo decir que el mejor testimonio de la situación mía es este muchacho, él era un feto y ahora es todo un hombre.
Llevo 20 años sin renovar el pase y no lo he podido sacar porque perdí los oídos, perdí los ojos, y para acabar de completar perdí hasta las huellas digitales, no sabía que uno de viejo las perdía. Estoy poniéndome al día de 20 años de atraso en todo”.
