Un nuevo espacio para el reconocimiento de la responsabilidad en el caso de falsos positivos se realizará el próximo 18 y 19 de julio. Esta vez serán 12 miembros del Ejército Nacional –propiamente del Batallón La Popa– los que se presentarán ante las víctimas para admitir su participación en el asesinato de 127 personas inocentes, que fueron presentadas como guerrilleros asesinados en combate en el norte de Cesar y el sur de La Guajira.
La diligencia judicial, que se realizará en Valledupar (Cesar), será un espacio para que los exmilitares hagan público el reconocimiento escrito que ya entregaron a la magistratura; esta vez mirando a las víctimas y hablándole a la sociedad colombiana, que podrá seguir la audiencia en las redes sociales de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Los convocados son Alex José Mercado Sierra, Carlos Andrés Lora Cabrales, Eduart Gustavo Álvarez Mejía, Efraín Andrade Perea, Elkin Leonardo Burgos Suárez, Elkin Rojas, Guillermo Gutiérrez Riveros, Heber Hernán Gómez Naranjo, José de Jesús Rueda Quintero, Juan Carlos Soto Sepúlveda, Manuel Valentín Padilla y Yeris Andrés Gómez Coronel, a quienes la JEP imputó por asesinato y desaparición forzada, considerados crímenes de guerra y lesa humanidad.
Estos exmilitares habrían cometido los hechos entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005, según detalló el tribunal especial en un comunicado, en el que detalló que también participarán en la audiencia las autoridades indígenas kankuama, wiwa y las víctimas acreditadas en este caso, en compañía de sus representantes judiciales, así como la procuraduría delegada para la JEP.
En total fueron 15 los comparecientes a los que la JEP responsabilizó en el caso particular del Batallón La Popa. Sin embargo, tres no reconocieron su responsabilidad en los delitos imputados.
Se trata de Publio Hernán Mejía Gutiérrez, Juan Carlos Figueroa y José Pastor Ruiz Mahecha, “cuyos casos fueron enviados a la Unidad de Investigación y Acusación para dar trámite al proceso adversarial. De ser vencidos en juicio se exponen a una pena de hasta 20 años de cárcel”, precisó el tribunal especial.
