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Al resolver las inquietudes formuladas por el presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Carlos Chacón, la Corte Constitucional se declaró “inhibida para ejercer en este momento del procedimiento, el control automático de constitucionalidad que le corresponde hasta tanto no concluya el trámite (en el Congreso) de las objeciones formuladas (a la Ley Estatutaria de la JEP) por el presidente de la República, o el plazo para decidir sobre ellas”.
La decisión de la Corte, como lo expresó su presidenta, la magistrada Gloria Stella Ortiz, “es la muestra de que la Corte Constitucional respeta el espíritu de paz de la Constitución y respeta la separación de poderes”.
Es así como el Congreso debe darles trámite a las seis objeciones presidenciales, y una vez concluido, la Corte se pronunciará sobre posibles vicios en el procedimiento y sobre el contenido material del nuevo proyecto de ley, si es que se dieron modificaciones, adiciones, supresiones o archivo total o parcial, y antes de la sanción presidencial.
Incluso, detalló el magistrado Antonio José Lizarazo, ponente del auto, que el alto tribunal se podrá pronunciar acerca de la competencia del presidente de Colombia, Iván Duque, para objetar una ley estatutaria que ya contaba con control constitucional.
Así mismo, la Corte determinó que el plazo para tramitar las objeciones culmina el próximo 20 de junio cuando termina esta legislatura, tal como lo establece el artículo 153 de la Carta Magna.
El magistrado Lizarazo explicó que las objeciones presidenciales regresan la discusión del proyecto de ley estatutaria al segundo debate en cada cámara, es decir, allí solo se dará votación en plenarias a partir de informes presentados por las comisiones que fueron elegidas esta semana.
La comisión que realizará el informe para el Senado está compuesta por Paloma Valencia, del Centro Democrático; José David Name, del Partido de la U; Antonio Zabaraín, de Cambio Radical; David Barguil, del Partido Conservador; John Milton Rodríguez, del partido cristiano Colombia Justa Libres, y Jonatan Tamayo, del Mais, quienes votarían por ponencia positiva para las objeciones. Por el rechazo a estas estarían Julián Bedoya, del Partido Liberal; Iván Marulanda, del Partido Verde, y Jesús Alberto Castilla, del Polo.
En la plenaria, el Ejecutivo ya cuenta con 38 de los 54 votos necesarios para la mayoría absoluta, pero podría conseguirlos todos si atrae a los parlamentarios de Cambio Radical, muchos de ellos proclives al Gobierno de Iván Duque.
En la comisión de la Cámara las cuentas son diferentes: los votos favorable por las objeciones vienen por cuenta de Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, y Jaime Lozada, del partido conservador.
Por el rechazo a las mismas están Juanita Goebertus, del Partido Verde; Carlos Ardila, del Partido Liberal; José Daniel López, de Cambio Radical; David Ricardo Racero, de la coalición Decentes, y John Jairo Cárdenas, del Partido de la U.
Según ha trascendido, esta comisión le recomendará a la Plenaria no aceptar las objeciones porque consideran que el mandatario no era competente para hacerlas.
En la plenaria, el Gobierno tiene seguros 57 votos de los 87 necesarios, pero los representantes de Cambio Radical, partido que no ha mostrado sus cartas, están en su mayoría en contra de las objeciones.
El Ejecutivo tiene este asunto, como se dice popularmente “con la sartén por el mango”, porque así no logre conquistar a la Cámara, en Senado podría conseguir los votos para que sean admitidas sus observaciones y eso le sería suficiente, ya que existe precedente en esa materia.
Cuando el entonces presidente Juan Manuel Santos objetó un artículo de la ley estatutaria de la justicia, que permitía la reelección del auditor general, logró la votación en el Senado y no así en la Cámara, sin embargo el artículo fue suprimido, gracias a justificaciones jurídicas del entonces ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.
Hoy, este antiguo argumento de Cristo, defensor férreo del Acuerdo de Paz, puede convertirse en la salvación del Gobierno de Duque para modificar partes de la JEP con las que no está de acuerdo.
Lo que no queda claro es qué ocurrirá cuando el trámite en el Congreso haya concluido y el proyecto vuelva a manos de la Corte, quien ayer no dijo adiós sino hasta luego.