El ataque perpetrado por dos sujetos a un establecimiento en Tumaco en la madrugada de ayer, es solo una muestra de una situación que tiene a este municipio del pacífico colombiano sumido en un clima de tensión y violencia y deja, en lo que va del 2016, 135 personas asesinadas.
Este último atentado, ejecutado con una granada, se presentó en el bar El Chanel, ubicado en el barrio Avenida La Playa, el cual dejó hasta ahora, dos personas muertas y 23 heridas, algunas con lesiones leves y otras de gravedad.
Horas después de conocerse más datos sobre este acto violento, el contralmirante Carlos Serrano, comandante de la Fuerza de Tarea Poseidón, indicó a EL COLOMBIANO que la reacción de sus hombres fue inmediata, “lo que permitió la captura de los dos responsables de activar el explosivo dentro del bar. Fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales”.
Fuentes extraoficiales indicaron que las dos personas muertas fueron identificadas como Flover Darío González Rivas y José Francisco Pérez Puernambú, DJ del bar y un joven que asistió a la celebración de grados de un familiar.
Una dura situación
El panorama complejo de seguridad que se vive en Tumaco obedece a la presencia de distintos grupos armados que se disputan territorio, rutas para el narcotráfico, cultivos de uso ilícito, y las rentas ilegales dejadas por el contrabando de combustible.
Fuentes de inteligencia del Estado aseveran que en este territorio hay presencia del Eln, las Farc, y distintas bandas criminales que han sembrado el terror en barrios de bajos recursos, como reconoce el secretario de Gobierno de Tumaco, Edwin Palma: “Estos grupos emergentes del narcotráfico están generando todas las expresiones de violencia”.
A esta hipótesis, que raya con la realidad vivida en las calles de Tumaco, se suma la del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. El jefe de esta cartera expresó que el ataque de ayer, y las otras expresiones de violencia, son las manifestaciones del acoso al que se han visto sometidas las estructuras armadas ilegales por el accionar de las autoridades colombianas.
“La hipótesis más probable es que sea el crimen organizado por reacción a los operativos de la Fuerza Pública, y vamos a redoblar la vigilancia en esta zona, para garantizar que estos hechos no se repitan”, precisó Villegas.
Ya hubo alertas
Las continuas violaciones a los derechos humanos, los asesinatos, el cobro de las extorsiones y las agresiones, fueron las quejas que la Defensoría del Pueblo recibió de los tumaqueños hace tan solo una semana en una visita a esta región nariñense.
De esa reunión lanzaron una alerta temprana, y con esta identificaron las comunas con mayor riesgo en vulneración de derechos y homicidios las cuales son: la 1, 2, 4 y 5; y los corregimientos La Espriella, Llorente, Chilví y la vereda La Guayacana.
Con este último ataque, la Defensoría solicitó a las autoridades judiciales, Fuerzas Militares y Policía Nacional, tomar medidas urgentes “frente al fenómeno de violencia generalizado en la región”.
Así mismo, pidió acciones efectivas para una atención oportuna a los desplazamientos generados por los enfrentamientos e intimidaciones, y para reducir “el alarmante incremento de cultivos de coca y centros de acopio en el departamento nariñense”, que, según las Naciones Unidas, son el 18 %, las cuales equivalen a 16.960 hectáreas del territorio nacional.
