Ante el “incumplimiento de las órdenes dadas”, la JEP abrió este jueves un incidente de medidas correccionales contra Álvaro Guillermo Rendón, gerente de EPM, en el marco de las medidas cautelares que protegen 16 zonas donde habría cuerpos de víctimas del conflicto.
“Entre los lugares protegidos se encuentra la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico Hidroituango, en donde, según los peticionarios de las medidas cautelares, se advierte la existencia de “sitios de enterramiento, legales e ilegales””, afirmó en un tuit el tribunal de justicia transicional.
Según la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, EPM incumplió con diferentes órdenes judiciales que buscan proteger los derechos de las víctimas de desaparición forzada.
La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP había solicitado a EPM entregar los documentos y demás soportes en los que se basó para realizar el traslado administrativo de cuerpos inhumados en los cementerios de Barbacoas, La Fortuna y Orobajo.
“El pasado 29 de julio se cumplió el plazo para que EPM entregara este material a la JEP. La empresa no respondió a los requerimientos de la JEP, ni envió justificación sobre el incumplimiento. Por esta razón, la JEP abrió el incidente en contra del gerente de EPM”, concluye el tribunal.
Posteriormente, en la tarde de este jueves se conoció la respuesta de la organización en la página de “Información relevante” de la Superintendencia Financiera. En un comunicado EPM respondió que “evalúa el contenido del documento y dará las explicaciones correspondientes en el término allí indicado”.
Vinculación al proceso
El pasado 10 de marzo la JEP vinculó de manera formal a EPM en el proceso que adelanta en relación a las personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado en dicha zona.
La documentación que debía entregar EPM debía sustentar que “ninguno de los cuerpos sepultados en los cementerios de las localidades de Orobajo (Sabanalarga), Barbacoas (Peque) y la Fortuna (Buriticá), guardaban relación alguna con el conflicto armado. Es decir, que todos los cuerpos allí inhumados correspondían a personas debidamente identificadas y sobre las que, por tanto, existía la respectiva documentación”.
La información está relacionada con la recuperación de cuerpos y exhumaciones realizada en desarrollo de los contratos celebrados por esa compañía con la Universidad de Antioquia e Integral S.A.
