La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz avocó conocimiento del caso 004, relacionado con la violencia en Urabá.
Para ello, la Sala construyó una unidad de análisis territorial a partir de los informes recibidos por la Secretaría Judicial de la JEP hasta el 28 de junio de 2018, en torno a la región de Urabá antioqueño, el Darién chocoano y el Bajo Atrato. Se trata exactamente de los 3.526 hechos victimizantes que ocurrieron en los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Dabeiba, El Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí.
Para esa Sala, la relevancia de estos territorios se da en el contexto del conflicto armado colombiano “por su ubicación geoestratégica, determinada por su conexión con el Golfo de Urabá. Los territorios priorizados son, por una parte, polos de desarrollo en infraestructura de conexión intercontinental e interoceánica por sus rutas de acceso y corredores estrechamente asociados al puerto de Urabá como lo evidencia el Megaproyecto de construcción del túnel del Toyo y las autopistas Mar I y Mar II (2016-2019).
Por otra parte, los territorios priorizados son concebidos como potencia económica de Antioquia y puerta de desarrollo nacional, con actividades económicas en expansión, entre ellas el comercio internacional, el turismo, la explotación de recursos naturales, los proyectos agroindustriales de banano, maderables y palma de aceite, la extracción minera y de recursos hídricos, a los que se suma una economía ilegal sumergida caracterizada por el narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de personas, todo lo cual genera profundas tensiones y conflictos por la disputa y control territorial”.
