Sigue sin precisarse la cantidad exacta de personas que murieron en Maripirán, Meta, en una incursión paramilitar apoyada por la Fuerza Pública hace 20 años.
En este momento, según las autoridades el dato oscila entre 7 y 13 personas muertas. Pero, en 1999, la Fiscalía hablaba de 49. Falsos testigos, un general de la República condenado junto a varios oficiales del Ejército, y versiones encontradas entre paramilitares y militares han hecho de esta una discusión sin fin.
“Han pasado 20 años y no hemos podido volver a nuestra tierra, aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, hubiera condenado al Estado a repararnos de todas las maneras posibles”, cuenta Viviana Barrera, quien nunca encontró el cuerpo de su padre, Antonio María Barrera, para darle cristiana sepultura.
La última vez que sus vecinos lo vieron estaba muerto en el piso de un lugar al que llamaban el matadero, junto a otras personas que también habían sido sacadas de sus viviendas y torturadas por paramilitares de Urabá, Antioquia, que llegaron en dos aviones y aterrizaron en el aeropuerto controlado por el Batallón Joaquín París . Según el relato de algunos testigos, le abrieron el pecho, lo llenaron de piedras, lo tiraron al río y no supieron más. A otros los desmembraron y los enterraron.
“No hemos escuchado la verdad, nadie nos ha pedido perdón de una manera sincera, y aunque haya gente en la cárcel yo sigo con la sensación de que aquí hay mucha impunidad”, asegura Barrera.
Los tropiezos de la justicia
Tiempo después de la masacre, al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar, llegaron algunas personas que decían ser familiares de las víctimas para solicitar representación jurídica.
De acuerdo con Jomary Ortegón, directora de Cajar, estas personas adjuntaron suficientes pruebas para demostrar que eran víctimas genuinas de la masacre. A algunas de ellas, incluso, el Gobierno las reparó como lo había ordenado la CIDH.
Pero con las investigaciones de la Fiscalía pudo determinarse que en 13 de los casos eran falsas víctimas, que sus parientes no murieron en la masacre y que por años habían intentado estafar al Estado. Todas fueron condenadas por engañar a la justicia.
Por otro lado avanzaban los procesos judiciales. Ante Justicia y Paz varios paramilitares reconocieron los hechos y fueron condenados por ellos (ver informe). Sus testimonios ayudaron a que la justicia ordinaria avanzara en la investigación contra los militares involucrados.
De ahí resultó condenado a 37 años de cárcel el general Jaime Uscátegui, quien asegura que la justicia ordinaria no ha dado suficientes garantías para poder demostrar que él no estaba al mando de la Brigada Móvil II, sino de la Séptima Brigada, con base en Villavicencio.
De acuerdo con los hechos relatados por el general a EL COLOMBIANO, algunos de los militares que realmente estuvieron involucrados en la incursión paramilitar lo señalaron como superior de la Brigada Móvil, lo que, asegura, es “absolutamente falso, una brigada no puede depender de otra, solo de una División, ambas brigadas respondíamos ante la Cuarta División. Yo no tenía ninguna jurisdicción en Mapiripán”.
Así que tan pronto vio la posibilidad de que una justicia diferente a la ordinaria revisara su caso, se postuló. Los jueces estuvieron de acuerdo con que se presentara ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que es el sistema de justicia acordado entre el Gobierno y las Farc para investigar y sancionar los delitos cometidos durante el conflicto.
Las posibilidades de la JEP
Como condición para quienes se postulen a la JEP está que digan la verdad y reparen a las víctimas. La abogada Ortegón cree que si esas condiciones se cumplen habría al fin justicia para las víctimas que representa, pero cree que por lo que ha dicho públicamente no va a haber verdad.
Bueno fuera, según la directora de Cajar, que la JEP ayudara a esclarecer la responsabilidad de los altos mandos militares de Urabá, que habrían sido quienes apoyaron la logística del desplazamiento de más de 100 paramilitares hasta Mapiripán. Por ejemplo, esclarecer la responsabilidad del general Rito Alejo del Río.
En ese sentido, Barrera afirmó: “Qué dicha tan grande sería que nos pidan perdón y nos reparen como debe ser. La plata no es todo, necesitamos poder disfrutar de nuestros derechos. Pero, dígame, ¿cómo voy a perdonar a una persona que no me ha dicho por qué mató a mi papá?, yo sí le quisiera preguntar al general Uscátegui, o a quien sea el verdadero responsable, ¿por qué permitió que nos pasara esto?”.
El general Uscátegui espera que en esta jurisdicción se pueda aclarar la responsabilidad de aquellos que lo han señalado como responsable de la masacre. Que tengan que decir la verdad y reconozcan lo que hicieron es para él suficiente tarea para la justicia naciente.
Así es como la JEP para algunos significará la posibilidad de la verdad y para otros la certeza de la impunidad.
