La Fundación Forjando Futuros, el Instituto Popular de Capacitación IPC, la Corporación Jurídica Libertad, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y la Asociación de Víctimas Tierra y Paz presentaron una queja disciplinaria contra Ricardo Sabogal Urrego, director general de la Unidad de Restitución de Tierras, debido “al incumplimiento con los deberes de ley que le han sido asignados, además el funcionario ha incurrido en actividades de censura en contra de la Fundación Forjando Futuros”.
Las quejas son cuatro:
Caso Riosucio
Las ONG aseguran que “la URT no ha realizado las actuaciones que le corresponden para que le restituyan las tierras, 48 mil hectáreas, al Consejo Comunitario de Pedeguita y Mancilla en Riosucio, Chocó. Tampoco ha cumplido con las medidas cautelares dictadas por los magistrados de la Sala Civil de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia, lo que viene generando perjuicios ambientales en la zona y revictimización de esa comunidad”.
A lo que la Unidad responde, a través de Paola Cadavid, directora de la URT en Antiquia, que “estos señalamientos no tienen sustento jurídico ni fáctico, en el caso de Pedeguita y Mancilla la medida cautelar que fue proferida por la Sala de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia tiene nueve órdenes de las cuales ninguna está dirigida a la URT, entonces cuando nos dicen que incumplimos las medidas cautelares no entendemos cómo incumplimos porque si no tenemos orden no podemos incumplir”.
EL COLOMBIANO conoció el auto que resolvía el recurso de apelación sobre medidas cautelares por derechos territoriales de dicha comunidad y encontró que las órdenes incluyen a la Superintendencia de Notariado y Registro, a la Alcadía Municipal de Riosucio (Chocó), a la Inspección de Policía del municipio de Riosucio, a los jueces con procesos civiles, a la Policía Nacional, a la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (codechocó), al comandante de policía de Riosucio y a la Procuraduría General de la Nación, en ningún caso se mencionó a la URT, tal como lo advirtió Cadavid.
Esto puede observarse en las dos últimas páginas de este documento.
Caso Curvaradó
Las ONG sostienen que la URT no ha realizado ninguna intervención efectiva para que se restituyan las tierras al Consejo Mayor de la Cuenca del Río Curvaradó en el Chocó pese a las órdenes emitidas por la Corte Constitucional, perpetuándose un escenario de ilegalidad que impide que estas comunidades puedan volver a sus territorios”.
Según Cadavid, “tenemos que hacer la calidad de que nosotros no somos los competentes de este proceso restitutivo, porque se deriva de una serie de órdenes de la Corte Constitucional emanadas en 2010, cuando ni siquiera la URT existía, ni había sido sancionada la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y el organismo rector al que la Corte le da todas las facultades para que inicie ese proceso restitutivo es el Ministerio del Interior”.
Censura en los medios
El tercer motivo de la queja tiene que ver con una supuesta vulneración del derecho a la libertad de expresión. “La Fundación Forjando Futuros publicó el 28 de agosto en el sitio web de la revista Semana un informe sobre cómo va la restitución en los 170 municipios de las 16 zonas priorizadas para la paz, el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal solicitó por escrito al director de la revista Semana que se retirara esa publicación de su portal web, censurando la investigación realizada por Forjando Futuros”, argumentaron las organizaciones.
La directora regional de la URT señala que únicamente enviaron una respetuosa carta diciendo que publicaran las cifras oficiales, “en ningún momento se pidió desmontar la publicación”.
EL COLOMBIANO conoció la carta a la que hace referencia Cadavid.
Desprestigio a las organizaciones
Las ONG afirman que “es un hecho notorio y de público conocimiento que funcionarios y contratistas de la Unidad Especial de Gestión de Restitución de Tierras han emprendido una campaña de falsas acusaciones, buscando desprestigiar a las organizaciones que trabajan en favor de los campesinos despojados y en especial en el caso de Urabá. De manera reiterada en espacios públicos y privados acusan a las ONG de actuar por las vías de hecho y propiciar las invasiones de tierras que se presentan en esa región”.
Incluso, Gerardo Vega, director de Forjando Futuros, dice que “durante más de 3 años se han venido haciendo falsas acusaciones sobre nosotros, que promovemos las vías de hecho, las vías de la ilegalidad, que promovemos las invasiones, lo que pone en riesgo la vida de los empleados de esas organizaciones, en un contexto en que 19 reclamantes de tierra han sido asesinados en Urabá”.
Las cifras no cuadran
Mientras Vega advierte que son 19.000 solicitudes las que hay en Antioquia, de las cuales se han resuelto 429, pero dentro de esas están las del Chocó, la URT dice que hay una mala interpretación de las cifras: “Forjando Futuros siempre ha hecho una interpretación por debajo de las cifras sobre un subregistro que realmente no concuerda con la realidad. En Antioquia hay 19.500 solicitudes de las cuales ya se han resuelto 3.354, es decir, ya se tomaron decisiones frente a la inclusión en el registro de tierras despojadas, algunos se dijo que la restitución no procede y eso es lo que la ONG no manifiesta, esos casos ya son cosa juzgada. De ellos ya tenemos 2.000 en proceso judicial y 1.087 con sentencia”, concluye Cadavid.
La Procuraduría recibió la queja formal y deberá pronunciarse si hay material suficiente para investigar disciplinariamente a Ricardo Sabogal y a la Unidad de Restitución de Tierras. El ministerio público tendrá la última palabra.
