Como una grave violación a los derechos humanos y al Derechos Internacional Humanitario calificó el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, los hechos que vienen ocurriendo en la región del Catatumbo, Norte de Santander.
Desde finales de 2017 se presenta una disputa entre el Eln y el Epl por los espacios dejados por las Farc. El 5 de marzo ambas estructuras se declararon la guerra, que el fin de semana pasado recrudeció.
Vale recordar que Catatumbo es el segundo enclave de cultivos de coca del país, con 24.587 hectáreas sembradas en 2016, según la ONU, lo que se suma a la facilidad que hay para contrabandear combustible desde Venezuela.
“La reconfiguración de la dinámica armada en el territorio ha conllevado varios hechos de violencia con afectaciones directas sobre la población civil, generando desplazamientos forzados, amenazas, secuestros, confinamiento, restricciones a la movilidad, enfrentamientos con interposición de la población civil e impidiendo el acceso a bienes y servicios básicos como la salud y la educación”, aseguró la Defensoría.
Frente a esa situación, los civiles tomaron la decisión de tratar de salvaguardar sus vidas. La Mesa de Trabajo de la Comisión Central de Información de la Asamblea Permanente, del municipio de El Tarra (Norte de Santander), conformada por organizaciones sociales de todo tipo, la iglesia Católica, la Personería y la Alcaldía, decidió que los próximos viernes y sábado se reunirán todos los habitantes del municipio (zona rural y urbana) en el Polideportivo, para lo que pidieron el acompañamiento de la Defensoría, la ONU, la OEA y el CICR.
Además, los propietarios decidieron abrir el comercio mediodía, cada día de por medio, para garantizar la subsistencia de toda la población; sin embargo, EL COLOMBIANO conoció que cuando los negocios abrieron ayer, personas armadas los intimidaron y los obligaron a cerrar con la amenaza: “aquí quienes tenemos las armas somos nosotros, así que ya saben”.
Por su parte, las instituciones educativas se mantendrán cerradas y los maestros se reportarán diariamente en la Personería. Los funcionarios trabajan a puerta cerrada.
Sin embargo, el pueblo Bari, de la comunidad indígena Pathuina, municipio del Carmen (también de Catatumbo), decidió no desplazarse hacia las zonas urbanas y defender su territorio de la presencia de cualquier grupo armado, así tenga que confinarse.
Una fuente del Ministerio Público señaló a este diario que los desplazados son muchos, pero que el miedo no les ha permitido registrarse en las personerías, más bien han buscado autoalbergarse en casas de familiares y amigos.
Así mismo, esta fuente, que pidió reserva de su nombre, confirmó que aún no se presenta desabastecimiento de alimentos, pero que si la situación se mantiene una semana más ya no habrá comida para los habitantes de este rincón olvidado de Colombia.
Por ahora, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, y parte de su gabinete, se desplazó hasta Bogotá para reunirse con Eduardo Martínez, gestor de paz del Eln, con el fin de buscar salidas de diálogo y del desescalamiento del conflicto, y para hablar con el alto comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, a solicitar que el Gobierno extreme las medidas por parte la Fuerza Pública.
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