Por presunto incumplimiento de los principios de la función administrativa y de la contratación estatal, que estarían limitando la libre concurrencia de oferentes, la Procuraduría recomendó a la Dirección General de Sanidad Militar revocar el proceso licitatorio para la adquisición, suministro y dispensación de medicamentos por valor de 387.000 millones de pesos.
En este caso, el Ministerio Público, como parte de una acción de vigilancia y seguimiento, advirtió a la Dirección de Sanidad que las autoridades administrativas están obligadas a cumplir con los procedimientos de selección objetiva y los principios de planeación y selección objetiva. Señaló que no pueden restringir la posibilidad de recibir varias ofertas con mejores precios, que cumplan con los fines del Estado.
El órgano de control cuestionó el establecimiento de condiciones de habilitación y calificación que no fueron debidamente sustentadas en los estudios previos, así como el pago de facturas sin auditoría médica, para generar “liquidez” al contratista.
Así las cosas, al evaluar los pliegos de la licitación se evidenció que se abre la puerta al pago de medicamentos por encima de los precios máximos de venta regulados por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos e Insumos Médicos, originando posiblemente sobrecostos que se financiarían con recursos públicos de la seguridad social en salud.
La Procuraduría recordó que de acuerdo con la Circular 07 de 2018 de la Comisión Nacional de Medicamentos y Dispositivos Médicos, los regímenes especiales de salud también están sometidos al control de precios de medicamentos, por lo que los pliegos de la licitación no pueden desconocer el ordenamiento legal.
A juicio de la entidad, las falencias del proceso de contratación podrían afectar la estabilidad financiera del contrato y poner en riesgo el suministro de medicamentos a la población beneficiaria de los servicios médicos de la sanidad militar.