Desde 2011, cuando se creó la política de restitución de tierras, Eliana Marcela Jaramillo Espinosa está vinculada al proceso de devolverles a los campesinos las propiedades que les arrebataron los grupos armados en el conflicto. Fue juez itinerante de restitución de Tierras de Antioquia y luego su despacho fue trasladado a Apartadó, donde conoció los pormenores de una de las regiones más complicadas en esa materia.
“En Urabá se ofrecen mayores desafíos, pero se han sorteado de manera exitosa”, dijo a EL COLOMBIANO en la primera entrevista que da después de haber sido nombrada directora de la Unidad de Restitución de Tierras para las territoriales de Antioquia Oriente y Noroccidente. Tiene a su cargo este proceso en 104 municipios de Antioquia y 10 en el Chocó.
¿Cómo cambia la visión de jueza cuando tiene que enfrentarse a un proceso administrativo como el que hace la Unidad?
“Ser juez le permite a uno tener una gran visión no solo para aplicar la ley, me permite vertir mucho de ese conocimiento y experiencia que como juez se presentaba. La Unidad debe brindar todos los insumos para que el juez pueda decidir, el mayor desafío está en lo técnico, en la identificación de los predios, en Colombia la tenencia de la tierra ha sido bastante informal, entonces esos serán los mayores desafíos ahora, entender las dinámicas de tenencia de la tierra para poder aterrizarlas al trámite”.
¿Cuáles cambios ha tenido la política en un gobierno cuyo partido político ha sido opositor a la Ley de Restitución y ha planteado profundas modificaciones?
“Sigue exactamente igual, con el mismo impulso que empezó la política. De hecho ahora en lo que podría considerarse la etapa final de la ley se están redoblando los esfuerzos para sacar adelante y atender todos los casos que tenemos”.
¿Cómo está la seguridad para garantizar la restitución de tierras a los campesinos?
“Para intervenir en un territorio tenemos que tener en cuenta tres aspectos: que existan condiciones de seguridad, que existan condiciones para el retorno de los beneficiarios y que haya una densidad importante de solicitudes. Si nosotros contamos con el aval de los organismos de seguridad lo hacemos y avanzamos. Por eso la política de restitución se ha extendido a muchos territorios, hoy en día hemos intervenido en 104 municipios en la territorial que yo lidero y tenemos otros 10 municipios en Chocó”.
Pero, ¿a cuáles lugares no se ha podido entrar
en Antioquia?
“Tenemos un número importante de solicitudes en lugares en los que aún no se ha podido ingresar, porque no se ha emitido el aval de seguridad y porque estamos redoblando esfuerzos en otros territorios para tratar de cerrar las microfocalizaciones. Tenemos algunos municipios como Remedios y Segovia que se han suspendido por circunstancias de orden público”.
¿Se les están presentando problemas con minas antipersonal?
“La Dirección de Acción Integral contra Minas Antipersonal ha emitido luz verde en 68 municipios y nosotros hemos entrado a 53 de esas poblaciones que están libres de este flagelo”.
¿Cuáles son las metas de sus dos territoriales?
“Tenemos alrededor de 12.000 solicitudes de inclusión en el registro para atender, pero ya tenemos habilitadas alrededor de 6.500, que es el 59%. De ellas ya terminamos con 4.800 solicitudes, lo que culminó con el ingreso al registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente de 2.500, mientras que a 2.500 se les negó esa inscripción. De las 814 sentencias que se han proferido por los jueces de tierras en Antioquia, de estas dos territoriales tenemos alrededor de 500 sentencias que han beneficiado a unas 1.300 familias y alcanza un número de 3.300 personas beneficiadas. El reto ahora es poderles responder a todas antes de que venza la ley, en 2021”.
¿De qué depende el ritmo al que avanza la restitución?
“Depende de la capacidad técnica de los equipos de trabajo. La Unidad consciente de que estamos a dos años de finalizar la vigencia de la ley, hemos diseñado un plan de choque para atender todas las solicitudes que faltan, de hecho hay un nuevo modelo de gerencia en estas dos territoriales que nos permite especializar a nuestros colaboradores en sus tareas y tener más eficacia y efectividad”.
¿Qué tan garantizados están los derechos de quienes ya están restituidos?
“Gracias a las órdenes de los jueces, los campesinos cuentan con sus proyectos productivos. En estas territoriales se han invertido alrededor de 9.000 millones de pesos en proyectos de café, cacao, plátano, aguacate, arándanos, en los que también vamos de la mano con el programa ‘Coseche y venda a la fija’, para que nuestros beneficiados no necesiten intermediarios para vender sus productos”.
¿Hay algún avance en la restitución de tierras en Medellín?
“Tenemos 990 solicitudes de inclusión al registro en Medellín. Estamos en mesas de trabajo con la Alcaldía para poder atender estas solicitudes, porque las dinámicas de Medellín son diferentes a las de las zonas rurales. Queremos que después de un trabajo de concertación y articulación podamos intervenir en Medellín”.
