De extraño y negativo para la paz consideran algunos exintegrantes de la cúpula del M-19, el anuncio de la Fiscalía General de la Nación sobre analizar la “cosa juzgada” de los indultos y amnistías a ese grupo guerrillero.
Dice el fiscal Eduardo Montealegre, que la investigación se hará con el fin de determinar “si esos indultos contemplan o no delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra. Se deberá determinar si esos beneficios abarcan los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia”.
Sobre el tema, el exintegrante del M-19 y actual senador Antonio Navarro Wolf aseguró que “se hizo un acuerdo entre dos partes: el Estado colombiano y nuestro grupo. El M-19 cumplió y ahora el Estado está diciendo que hay que mirar si está bien o no con lo que se comprometió, o sea que están revisando incumplir”.
Para el senador, de darse esta investigación es enviar un mal mensaje, porque después de blindar jurídicamente la solución que se había encontrado con el M-19, considerado un proceso ejemplo para el país, y anunciar después de tanto tiempo que hay que revisar dicho acuerdo, muestra que no hay estabilidad en los acuerdos logrados con el Gobierno Nacional.
No muy distante de la anterior opinión, el también exintegrante de ese grupo guerrillero, Otty Patiño, considera “extraño y absurdo que la Fiscalía cuestione a la Corte, a la competencia y capacidad de los magistrados, quienes en su momento le dieron efectividad y aprobaron la Ley 77 del 89, mediante la cual se nos desvinculó del proceso del Palacio de Justicia”.
Al igual que el senador Wolf , Otty Patiño afirma que la intención de la Fiscalía es un mensaje erróneo, y se basa en la máxima que supone que los acuerdos de paz pactados, son acuerdos de Estado y no son de un gobierno de turno.
Así mismo, el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez, se mostró a favor del indulto entregado a los guerrilleros del M-19 hace 28 años y pidió respeto por el compromiso pactado.
“Si se quiere examinar la verdad de lo que pasó lo tiene que hacer la Corte Suprema, pero sin consecuencias jurídicas que pongan en duda lo aprobado en ese momento”, indicó Uribe.
Vicefiscal será el encargado
Jorge Perdomo, vicefiscal General será la persona encargada de coordinar la investigación para determinar los alcances de la “cosa juzgada” de los indultos con los que fue favorecida la cúpula del M-19. El nombramiento lo hizo el fiscal Eduardo Montealegre, quien aclaró varios detalles sobre el anuncio del ente.
“En principio, ellos (M-19) están amparados por un derecho fundamental a la cosa juzgada y a la seguridad jurídica. Si el ente acusador llega a la conclusión de que esos beneficios no contemplan delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, se podría dar inicio a investigaciones contra los entonces integrantes de la cúpula de esa guerrilla. Cuando termine ese estudio podremos determinar si comparecen en calidad de investigados penalmente, o si comparecen para que contribuyan al esclarecimiento de la verdad, pero esa determinación podrá adoptarse cuando termine la investigación”, añadió el fiscal.
Sobre la potestad que tiene algún órgano judicial del país para investigar, e incluso modificar el indulto al M-19, Montealegre agregó que “si se demuestra que el Estado colombiano ha incurrido en fallas graves en materia de investigación y juzgamiento a las graves violaciones a los derechos humanos, los jueces internos, específicamente la Corte Suprema de Justicia, puede romper la seguridad de la cosa juzgada y ordenar que se abran investigaciones bajo presupuestos muy serios”.
La Fiscalía tampoco descarta que en medio de las indagaciones se involucren integrantes del gabinete ministerial del expresidente Belisario Betancur, porque “si se llegara a demostrar que omitieron el cumplimiento de sus funciones, que no implementaron las medidas adecuadas para evitar la toma para prevenir el uso excesivo de la fuerza, esas omisiones podrían ser delitos conexos con delitos de lesa humanidad”.
Procuraduría se unió
En una carta al fiscal, el procurador Alejandro Ordóñez solicitó adelantar las “diligencias necesarias para investigar, juzgar y si es el caso condenar a miembros del M-19 responsables de la toma al Palacio”.
En la misiva, el jefe del Ministerio Público argumentó que los mandos del M-19 no han revelado en un proceso judicial la verdad completa sobre su responsabilidad en los hechos. Además, aseveró que las víctimas y la sociedad colombiana tienen derecho a saber y el Estado la obligación de establecer la verdad a través de procesos judiciales.
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personas eran los integrantes de la cúpula del M-19 en el momento del indulto pactado.
