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EL COLOMBIANO | Publicado el 22 de junio de 2022
Desde la mañana del miércoles 23 de junio, se dio el segundo día de la audiencia de reconocimiento del Caso 01 de la Jurisdicción Especial para la Paz sobre el caso de secuestros, en el que el antiguo Secretariado de las Farc y las víctimas de este crimen se encontraron cara a cara. En este espacio, la Procuraduría hizo un reconocimiento a las víctimas, pero también a la verdad entregada por los victimarios.
El procurador delegado ante la JEP, Jairo Acosta, se refirió al dolor que vivieron las víctimas en el cautiverio y sus familias, también gravemente afectadas por el conflicto. Dijo, también, que la audiencia fue un espacio para enaltecer, justamente, a los afectados por este crimen.
“El Ministerio Público no puede pasar por alto otras modalidades de la degradación de la guerra, como la venta de los cadáveresde las víctimas que murieron en cautiverio a la espera de ser liberadas, la prolongación de secuestros a pesar de que la familia había pagado el rescate”, pronunció.
Por lo anterior, resaltó la entereza de las víctimas que rememoraron el sufrimiento del secuestro: “Escuchar a las víctimas nos ha permitido visualizar la otra cara (...) nos han mostrado en carne viva el sufrimiento, la angustia permanente”, añadió.
Y reconoció que este macrocaso ha permitido ver que el “universo de víctimas” era la sociedad civil en general. Es decir, los victimarios no solo secuestraban a personas de gran capital, sino también a ciudadanos comunes y de bajos recursos.
El funcionario cuestionó las atrocidades que se justificaron en medio de una guerra totalmente degradada, en la que hubo personas muertas y que hoy siguen desaparecidas por el flagelo del secuestro.
Con todo esto en cuenta, Acosta se refirió a los exintegrantes de las Farc y reconoció su aporte a la verdad: “se están humanizando”, les dijo.
¿Y ahora?
A comienzos de 2022, la JEP les imputó a siete exjefes de la guerrilla extinta crímenes de guerra y de lesa humanidad en este macrocaso, y en abril ellos aceptaron su responsabilidad por escrito.
Una vez terminen las audiencias, la Sala de Reconocimiento enviará el caso de los siete excomandantes al Tribunal de Paz de la JEP, encargado de decidir las penas que deberán pagar. Si considera que aportan a la verdad y reconocieron sus delitos, obtendrán una pena restaurativa y mínima de privación de la libertad.
En caso contrario, el Tribunal podrá entrar a un juicio adversarial donde podrían enfrentarse a más de 20 años de cárcel
