La paz cabe en una hoja de papel. Se llama ‘Acta de Compromiso Reincorporación Política Social y Económica’. Manuel Alonso la recibió el pasado lunes, y con satisfecha sonrisa explica que, en adelante, cuando vaya al banco y le digan que no puede hacer una transacción porque su cédula está ‘untada’, simplemente sacará el documento de su bolsillo “y verán que ahora somos civiles”.
Es la traducción a la vida cotidiana de lo que se lee en la hoja: “Respecto a aquellas personas que pertenezcan a organizaciones rebeldes que hayan firmado un acuerdo de paz con el Gobierno a efectos de reincorporación, quedarán en efecto suspensivo las condenas derivadas de delitos de competencia del Tribunal para la Paz impuestas por la justicia ordinaria o disciplinaria, hasta que estas condenas hayan sido tratadas por la Jurisdicción Especial para la Paz para lo de su competencia”.
Entonces él, conocido en la guerra como ‘Rommel’, que no se quiso acoger a la desmovilización del M-19, fundó el grupo guerrillero Jaime Bateman Cayón y al final sumó 28 años en las filas de las Farc, se sienta en una banca de madera en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, ETCR, ubicado en Monterredondo, Cauca, y dice que nadie quiere coger fusiles, que ya lo intentaron y “no es la salida a los grandes problemas que tiene el país”.
Allá, a dos horas de camino desde Cali en busca de la cordillera Central, su punto es concreto: “Nosotros hicimos un negocio, un acuerdo, Señor Gobierno, desmontamos las estructuras militares, entregamos bienes, pero ustedes nos dan tierra para trabajar dignamente. Y hasta este momento, no se ha cumplido”.
Aquella última frase, la del incumplimiento, casi se convierte en canción, de tanto ser repetida por quienes se van sumando a la tertulia.
Aquí somos 160, pero usted solo encuentra 30 porque muchos andan en actividades. Unos se fueron al Carmelo, con la JEP, a firmar las actas de compromiso que quedaron pendientes, y otros están en la finca La Elvira, donde tenemos unos proyectos productivos”, se apresura a explicar la esposa de un excombatiente para desmentir que la ausencia sea sinónimo de disidencia.
E insiste: “Unos están terminando unas casas que están haciendo en La Elvira para reforzar los proyectos. Otros están visitando las familias o haciendo vueltas en Cali; otros tienen cultivos propios de cilantro y cimarrón y los están cuidando. Ahh, y otros, como mi esposo, están en los esquemas de seguridad”.
Pero como largos corredores vacíos y varias casas de panel yeso cerradas parecen contradecirla, mejor es recurrir a la contabilidad que todos tienen clara: la remesa de grano que cada mes, por encargo del Gobierno, sube hasta esas lomas de Corinto el Supermercado La Sexta, a razón de 70 excombatientes por alimentar.
“Pa’qué, ha mejorado”, reconoce la misma mujer antes de aclarar que la carne sí llega cada quince días y que la escena siempre se repite: todos esperan a que el encargado del economato distribuya, listado en mano, las provisiones que luego deben multiplicarse hasta para 170, sin contar casi una decena de caninos que merodean por los recovecos del ETCR.
Según cuentan, el lío empieza cuando los constantes cortes de energía terminan por dañar los alimentos que amontonan en las neveras que unos pocos han logrado conseguir.
El de Monterredondo es un espacio amplio, sí. Los cálculos matemáticos dicen que sus 30 hectáreas equivalen a igual número de canchas de fútbol. Solo que el imponente paisaje se divisa manchado por el moho que carcome las estructuras de casas que quedaron a medio hacer y salones comunales que tampoco sobrevivieron a las promesas que acompañaron el traslado de cerca de 300 farianos a la entonces llamada zona veredal transitoria de normalización.
Justo ese término -transitoria- dibuja la mayor incertidumbre que transnocha a estas familias que, reencontradas gracias al silencio de los fusiles o resultado de los amoríos de la selva, ocupan hoy el terreno que a comienzos del año pasado un señor de apellido Hoyos le alquiló al Gobierno para que ellos pudieran hacer allí la dejación de las armas e iniciaran su reincorporación a la vida civil.
Lo primero sucedió sin mayores dificultades, pero lo segundo apenas si está arrancando y ya tiene fecha de vencimiento: “El señor mandó a decir que mandó una carta al Gobierno diciendo que tenemos que desocupar, que en agosto necesita su terreno y que no está dispuesto a vender ni a arrendar”, se anima a contar una tímida joven excombatiente.
Gajes de la política, dicen, porque tal parece que el propietario prefiere recuperar su predio antes del cambio de Gobierno, “porque no se sabe qué va a pasar con el proceso de paz”.
Y si antes los exguerrilleros no se decidían a arar una tierra que sabían ajena, mucho más ahora, cuando lamentan que los más de $120 millones que durante todos estos meses han pagado en alquiler no se hayan destinado a comprarles un espacio en el cual puedan sembrar de una vez por todas la esperanza de un futuro mejor.
“Tocará hacer cambuches en la carretera”, agrega como añorando desde ya el espacio territorial donde el agua llega en una suerte de pico y placa, solamente dos horas al día.
Manuel Alonso parece querer salir entonces al rescate de la desazón colectiva y cuenta que La Elvira es una finca de cinco hectáreas que, quince minutos montaña abajo, les cedió en comodato la Reserva Campesina durante los próximos cinco años.
“Hay una hectárea y media en plátano orgánico. Viene un proyecto de sembrar una hectárea de ají y otro de tomate bajo invernadero. Se presentó un proyecto de gallinas ponedoras, 20.000, 10.000. También hay un lago capacitado para producir 90.000 peces”, explica y, en tono de ilusión más que de reproche, añade: “Estamos perdiendo tiempo y plata, porque no hay desembolsos del Estado”.
Multicolores cortinas hechas con tapas de gaseosa pegadas con piola y variopintas formas de ropa extendida por todas partes le imprimen calidez al mundo que han ido construyendo hombres y mujeres venidos del monte.
Ahora tienen descendencias que corretean detrás de un balón “que no se puede patear muy duro” o cabalgan encima de un palo de escoba.
Al igual que solían hacerlo en la selva, poco a poco han acomodado los espacios a sus necesidades, así que hay cocinas para dos o tres familias y un aula con aroma de mujer y afiches de Pablo Catatumbo al Senado.
Allí, la ‘profe’ Francy -luego contará-, sobreviviente de una masacre paramilitar en el Putumayo, les enseña a una cincuentena de ellas cómo sacarle provecho a las plantas medicinales. Pero, cosas de la reconciliación, no todas son exguerrilleras: esposas de exfarianos, vecinas del sector y hasta víctimas también son bienvenidas al saber.
Dormir durante un mes debajo de un puente en Corinto le imprimió a la maestra la fuerza que hoy intenta transmitirles a sus pupilas para que traduzcan conocimiento en emprendimientos de futuro. Un sueño que tomó forma de muñeca de trapo. Combatiente de la Vida se llama, y ya está viajando al extranjero, sin que los colombianos la conozcan.
Funcionarios de la ONU, bien llamados ángeles de la Guarda de los excombatientes, las piden por encargo para enviarlas como abrazos de paz a familias y amigos. Las hay negritas, blanquitas, todas regorditas, con falda y alpargatas color camuflado, maquilladas, sonrientes, y, por toda arma, un canasto rebosante de las frutas y las semillas de reconciliación que quieren sembrar.
La Carlos Patiño, ubicada al otro lado de las montañas caucanas, en Buenos Aires, solía ser epicentro de actividades culturales, deportivas y políticas, siendo una de las más prósperas entre las 26 zonas veredales que se adecuaron en el país. Sin embargo, sus amplios espacios ya no lucen tan apretujados como meses atrás y el eco delata el abandono que se explaya entre construcciones a medio hacer.
Walter Mendoza, líder de ese punto de reincoporación, hace cuentas: “Había 350 y hoy somos 130. Unos se fueron a Santander, han formado comunas y tienen proyectos muy pequeños, recolectando de la bancarización (cerca de $700.000 al mes), de los dos millones que nos dieron y esperando los ocho millones que quién sabe dónde estarán”.
Pero luego reconoce dos realidades que hoy se replican en todos los espacios territoriales: “Hay muchos compañeros que no sabemos dónde están” y “sí hay gente nuestra que ha llegado allá (a las disidencias)”. También para él, la causa son los incumplimientos, que empujan a buscar una “mejor vida” al lado de la familia.
Antaño acérrimo crítico de las negociaciones en La Habana, tiene claro que en los Acuerdos no se escribió de tierra para la reincorporación, pero aun así ve en los cafetales el único futuro posible para sus camaradas.
Claro que Manuel Alonso es más contundente: “La paz no es solucionarle la vida a diez mil guerrilleros, la paz empieza por la inversión social. Se firmó fue un desarme, al menos que no nos matemos por cuestiones políticas, pero, para la paz, nos falta pelo pa’l moño”.
“LA SEGURIDAD JURÍDICA ESTÁ GARANTIZADA”
Alto comisionado Rodrigo Rivera, desde Farc se reclama que el Gobierno ha dejado el futuro de los exguerrilleros con derecho a amnistía en manos de jueces “que piensan más en las condenas que en hacer cumplir los Acuerdos”, ¿qué responde?
El Gobierno Nacional impulsó la expedición de la Ley de Amnistía, que hasta el momento ha permitido que de 3096 personas acreditadas, que se encontraban en prisión, 2895 hayan recibido su libertad. Sin embargo, aún hay 201 personas acreditadas en las cárceles en razón a que muchos jueces consideran que los hechos por los que hoy estas personas se encuentran privadas de su libertad no fueron cometidos en el marco del conflicto armado. Ejemplo el exintegrante de Farc que se encuentra en la cárcel por atentar contra su pareja sentimental o casos parecidos.
Pero, según los Acuerdos, ¿esas son razones válidas para dejarlos en prisión?
Esto se debe a criterios bajo los cuales los jueces entienden qué conductas están relacionadas con el conflicto y cuáles no y este es un aspecto de la autonomía judicial que el Gobierno Nacional debe respetar.
Por lo anterior, es necesario que la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, empiece a revisar estos casos para que así, en el marco de lo dispuesto por los Acuerdos de Paz y sus normas de implementación, decida si tienen derecho a los tratamientos especiales dispuestos por los mismos.
Es innegable que, además de solidarios con Jesús Santrich, muchos excombatientes asentados en los espacios territoriales están preocupados por sus seguridad jurídica. ¿Qué mensaje les envía usted, justo cuando en estos días allí están firmando las actas de compromiso con la JEP?
No hay razones para estar preocupados. Gracias al Acuerdo de Paz, y a las normas que hoy en día hacen parte de nuestra Constitución Política, la seguridad jurídica de todos los exintegrantes de Farc está garantizada. Todas las personas que han cumplido su compromiso y no han vuelto a delinquir tienen garantizada la aplicación de su amnistía y su juzgamiento ante la Jurisdicción Especial de Paz.
En puntos como Monterredondo, Cauca, hay personal que todavía no ha sido acreditado por Farc y, por ende, la Oficina del Alto Comisionado no les ha dado vía libre para la bancarización. ¿Qué va a pasar con estas personas?
Las Farc han presentado al Gobierno Nacional diversos listados que suman alrededor de catorce mil integrantes, entre guerrilleros, milicianos y presos. A la fecha, esta Oficina ha acreditado a 12.793 personas, de las cuales 9693 eran guerrilleros y milicianos, y 3100 son personas privadas de la libertad. Con su acreditación, estas personas tienen acceso a la bancarización, que está a cargo de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN.
¿Pero que va a pasar con quienes no están en los listados, y sí se acreditó ya a todos los que aparecen en los listados?
Las razones por las que aún no se ha acreditado la totalidad de las personas registradas en el listado son diversas: Algunos ya fallecieron, otros se encuentran en observación, de acuerdo a la respuesta dada por las entidades del Comité Técnico Interinstitucional para la Verificación de Listados, y otros no han sido contactados por las Farc para poder verificar su identidad, entre otras.
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