El mandatario aseguró que se unirá a una seria de movilizaciones sociales convocadas por la ciudadanía.
Pese a que en medio de un Consejo de Ministros el presidente Gustavo Petro había dicho que no haría campaña por la consulta popular, recientemente anunció que el próximo miércoles 11 de junio volverá a las calles. La manifestación se desarrollará en un contexto de alta tensión política, marcada por las críticas a la iniciativa que el Gobierno quiere decretar y el incierto futuro de la reforma laboral que se tramita en el Senado.
“Este 11 de junio, los movimientos populares han decidido una movilización de la ciudadanía en el país. He decidido acompañarla”, escribió Petro en su cuenta de X. Confirmó además que estará presente en Cali, capital del Valle del Cauca, desde donde espera “toda la movilización del occidente del país para decir que el pueblo no se rinde y le llegó la hora”.
Aquella convocatoria llega en medio de críticas al oficialismo, puesto que este pretende ejecutar la consulta popular por decreto, pese a que el Senado ya se pronunció sobre la iniciativa, hundiéndola con una votación cerrada de 49 votos contra 47.
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El jefe de Estado insiste en que el procedimiento legislativo fue viciado y que el Senado actuó de manera irregular. “Voy a decretar la consulta popular. La Corte Constitucional decidirá, puede o no decidir, de acuerdo con las normas existentes. ¿Por qué decreto la consulta popular? Porque jamás hubo un concepto favorable en el Senado, hicieron trampa”, dijo el mandatario.
La consulta, que incluiría 12 preguntas sobre la reforma laboral y 4 relacionadas con la reforma a la salud, ha desatado críticas. Juristas, gremios empresariales y sectores políticos de oposición han advertido que desconocer una decisión del Congreso mediante decreto presidencial puede interpretarse como una ruptura del orden institucional.
Algunos incluso han calificado esta estrategia como un intento de golpe de Estado, por considerar que vulnera el principio de separación de poderes establecido en la Constitución de 1991.
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EL COLOMBIANO habló con Alfonso Portela, experto en procesos electorales y exregistrador, al respecto. El profesional advirtió que de decretarse la consulta, podría ser ilegal y constituir prevaricato.
“El decreto es abiertamente contrario a la Constitución y a la ley, y por ende el registrador no puede ser ajeno a una situación como esa. Ese decreto, que no cumple los requisitos exigidos para la convocatoria de una consulta, no debe ser emitido”, dijo Portela.
Ante las acusaciones de actuar por fuera del marco constitucional, el presidente se defendió asegurando: “Golpe de Estado es haber metido tanques y fusiles en la Comuna 13, haber entregado el poder público al poder paramilitar para que desaparecieran a centenares de personas y haber utilizado La Escombrera como fosa común de ciudadanos”.
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