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Petro denunció desvío de fondos en los OCAD-Paz durante el gobierno Duque y pidió auditoría forense

“Si la mitad de Nariño es un territorio PDET, ¿por qué no han llegado las obras?”, Petro se refirió a los dineros presuntamente desviados durante el gobierno de Iván Duque.

  • La denuncia es resultado de una investigación realizada por la Contraloría.Foto: Presidencia
    La denuncia es resultado de una investigación realizada por la Contraloría.
    Foto: Presidencia
12 de junio de 2024
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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció este martes desde Ipiales, Nariño, el robo de dineros destinados a proyectos de paz durante el 2021. Petro destacó la necesidad de abrir una auditoría forense para investigar los recursos que no ejecutados y presuntamente se habrían perdido en los OCAD - PAZ (Órgano Colegiado de Administración y Decisión Paz) y del Sistema General de Regalías.

En su intervención, Petro pidió al director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alexander López, contratar la auditoría forense para investigar los hechos. “Usted puede hacerle la veeduría más profunda posible para que en este Gobierno no se pierda un peso ni del OCAD ni del Sistema General de Regalías”, subrayó.

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Petro presentó cifras alarmantes sobre el manejo de los recursos en Nariño. En 2021, se entregaron $688 mil millones a diversas organizaciones empresariales, alcaldes y a la Gobernación de Nariño para la realización de obras destinadas a la transformación territorial, como carreteras, acueductos, hospitales, escuelas y universidades. Sin embargo, según el presidente, la ejecución de estos proyectos ha sido mínima. Como ejemplo, Petro mencionó la interconexión eléctrica del departamento, que solo alcanzó un nivel de ejecución del 1.4%.

Recientemente, la Contraloría General reportó irregularidades en el manejo de los recursos de los proyectos OCAD-Paz, que ascenderían a $339 mil millones, la mayoría correspondientes del 2019 al 2022 durante el Gobierno de Iván Duque, en proyectos y recursos destinados a la implementación del Acuerdo de Paz de 2016. El ente de control identificó estos hallazgos fiscales a partir de auditorías y denuncias sobre el presunto mal manejo de recursos, las cuales incluyen la entrega de obras incompletas o la suspensión de algunas de ellas en varias regiones del país.

En total se auditaron 242 proyectos financiados con recursos para la paz, provenientes del fondo de regalías, por un valor total de $2.8 billones. Las principales irregularidades reportadas incluyen la mala calidad de las obras, proyectos que no cumplían con el objetivo para el cual se pedían los recursos, malos manejos financieros, incumplimiento de lo planeado y la no sostenibilidad de los proyectos a largo plazo.

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El presidente también mencionó que en 2021 se aprobó el mayor número de proyectos del OCAD-Paz desde su creación. A pesar de esto, los resultados no se han visto reflejados en la transformación de los territorios más afectados por el conflicto armado, en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). “Si la mitad de Nariño es un territorio PDET, ¿por qué no han llegado las obras? Porque la plata se la robaron. Se robaron la plata de la paz”, afirmó Petro.

Durante su discurso, hizo especial énfasis en el segundo punto del Acuerdo de Paz con las FARC, que es la transformación del territorio, afirmando que este se “ha incumplido”. Añadió que entre 2014 y 2024, las regalías de Colombia sumaron 68 billones de pesos, entregados a municipios y departamentos como Nariño, pero estas inversiones no han logrado transformar significativamente las regiones pobres del país.

Petro afirmó nuevamente que los recursos destinados a estas transformaciones se desviaron a las zonas más ricas o fueron robados. “Tenemos un grave problema, porque la plata se la llevaron a las zonas más ricas o se la robaron”.

Además de la auditoria, el presidente pidió mantener una rigurosa vigilancia sobre los recursos del OCAD-Paz y el Sistema General de Regalías durante su gobierno.

Ante estas denuncias y evidencias, Petro reafirmó su compromiso de luchar contra la corrupción y garantizar que los recursos destinados a la paz y el desarrollo territorial se utilicen de manera efectiva y transparente durante su administración.

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