Andrés Hernández, director del organismo, habla de un informe que alerta que entre 2016 y 2022 se perdieron por corrupción $21,2 billones.
El escándalo de corrupción que tiene en jaque la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) no solo le recordó al país que las irregularidades de contratación no distinguen gobierno u orilla política, sino que siguen presentes y cada vez son más alarmantes. Solo en la era de Gustavo Petro se habla de $380.000 millones comprometidos en ese ente.
Lo ocurrido allí es solo una muestra de un fenómeno que sigue enquistado y que, pese a las expectativas de cambio, hay más retrocesos que avances. Así lo advierte Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, quien reclama que en este Gobierno “hay una actitud muy reactiva” a la corrupción.
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El organismo recién acaba de publicar un informe que, con base en el análisis de artículos y denuncias de corrupción, permite calcular que este cáncer ha hecho que en apenas seis años se hayan comprometido $137,6 billones. (Ver infografía al final)
¿Qué balance hacen desde Transparencia por Colombia a las medidas que se han implementado en el gobierno de Gustavo Petro para luchar contra la corrupción?, ¿hay avances o retrocesos?
“Lastimosamente, cuando vemos toda suerte de escándalos de corrupción, lo que se evidencia es una aproximación muy reactiva por parte del Gobierno Nacional. Al no avanzar en instrumentos de prevención y culminación de manera mucho más contundente, lo que pasa es que los escándalos de corrupción les estallan y deben reaccionar. Y muchas veces esa reacción es con medidas con las que no se termina de comprender bien cuál es el alcance que van a lograr”.
Ante la corrupción en la UNGRD, la Presidencia anunció en mayo una mesa técnica. ¿Qué saben de eso?
“Ya llevamos varias semanas y no tenemos ninguna información de qué resultado tiene. Es que aparte de esa actitud reactiva, nos parece que se han descuidado en este Gobierno mecanismos de prevención asociados a otras cosas que podrían ser retrocesos.
Hoy no tenemos acceso a las declaraciones de renta de los funcionarios públicos por una decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio. Se ha avanzado de manera lenta en seguir abriendo información de presupuestos públicos. Colombia Compra Eficiente ha tratado de hacer unos esfuerzos importantes, pero seguimos viendo todavía debilidades que hay que seguir corrigiendo en la calidad de los datos de contratación. Hay otras medidas que no han avanzado lo suficientemente rápido frente a esa gran expectativa que había al momento del cambio de gobierno y que realmente habría una lucha contra la corrupción mucho más presente, mucho más efectiva y mucho más estratégica”.
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En su informe advierten que de 2016 a 2022 se comprometieron recursos por $137,6 billones por corrupción, pero que apenas se recuperaron $9 billones. ¿Eso implica que se perdieron $128 billones?
“Habría que hacer la cuenta más desde el otro dato que ofrecemos, que es de recursos perdidos, que fueron $21,2 billones. En todos los 1.243 informes de prensa que analizamos no en todos hay información disponible sobre montos. De los hechos donde hay montos sacamos esas cifras y en los que no es porque no encontramos ninguna acción que se esté realizando para recuperar esos recursos. Entonces el dato más exacto, según esta metodología, es el de los $21,2 billones perdidos”.
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El informe indica que uno de cada cuatro casos (24,65 %) en los que hay un grupo poblacional afectado corresponde a niños y adolescentes. Es decir, son el grupo poblacional más afectado por la corrupción. ¿Cómo llegaron a esa conclusión?
“Al analizar cada una de las notas y los hechos buscamos identificar cuál es la población a la cual estaba dirigida la actuación que termina en un desvío de recursos. Hubo artículos en los que es posible identificar esa población beneficiaria, por lo que empezamos a clasificarla y los mayores afectados son niños, niñas y adolescentes, y luego poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. En el caso de los menores, los sectores más afectados son educación, salud e infraestructura a nivel territorial”.
Sin embargo, llama la atención además que los sectores más afectados por corrupción son defensa y seguridad, así como asuntos judiciales...
“Lo que encontramos en defensa y seguridad son temas más asociados a ese problemática de irregularidades en contratación o temas de abuso de poder desde el ámbito de fuerzas de seguridad”.
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En su informe advierten que de 2016 a 2022 se comprometieron recursos por $137,6 billones por corrupción, pero que apenas se recuperaron $9 billones. ¿Eso implica que se perdieron $128 billones?
“Habría que hacer la cuenta más desde el otro dato que ofrecemos, que es de recursos perdidos, que fueron $21,2 billones. En todos los 1.243 informes de prensa que analizamos no en todos hay información disponible sobre montos. De los hechos donde hay montos sacamos esas cifras y en los que no es porque no encontramos ninguna acción que se esté realizando para recuperar esos recursos. Entonces el dato más exacto, según esta metodología, es el de los $21,2 billones perdidos”.
El informe indica que uno de cada cuatro casos (24,65 %) en los que hay un grupo poblacional afectado corresponde a niños y adolescentes. Es decir, son el grupo poblacional más afectado por la corrupción. ¿Cómo llegaron a esa conclusión?
“Al analizar cada una de las notas y los hechos buscamos identificar cuál es la población a la cual estaba dirigida la actuación que termina en un desvío de recursos. Hubo artículos en los que es posible identificar esa población beneficiaria, por lo que empezamos a clasificarla y los mayores afectados son niños, niñas y adolescentes, y luego poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. En el caso de los menores, los sectores más afectados son educación, salud e infraestructura a nivel territorial”.
Sin embargo, llama la atención además que los sectores más afectados por corrupción son defensa y seguridad, así como asuntos judiciales...
“Lo que encontramos en defensa y seguridad son temas más asociados a ese problemática de irregularidades en contratación o temas de abuso de poder desde el ámbito de fuerzas de seguridad”.
¿Cómo entender que la corrupción siga tan enquistada tanto en el gobierno central, pero también en la alcaldías y gobernaciones?
“El Gobierno Nacional sigue siendo el más afectado, pero ligado a esto –y nos llama mucho la atención–, están las alcaldías y gobernaciones. Hay que ver la situación desde el alcance que todavía tienen las influencias políticas a nivel de alcaldías en términos de asignación de recursos o de tomar decisiones públicas. Por ello la necesidad de fortalecer las capacidades de las alcaldías y municipios para poder poner en marcha mecanismos de prevención y de control a este tipo de situaciones.
Durante muchos años hemos generado legislación normativa del nivel nacional, pero no necesariamente eso está acompañado de medidas de acompañamiento y fortalecimiento de capacidades para poder incorporar e implementar adecuadamente esas directrices a nivel municipal. Nos hemos quedado muy cortos y necesitamos ponerle mucha atención”.
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Cuando se refiere a corrupción política, ¿puntualmente a qué tipo de irregularidad se refiere?, ¿cómo son las dinámicas de este tipo de corrupción?
“La corrupción política, después de la corrupción administrativa, es la más recurrente en el análisis que hicimos. Aquí incorporamos los actos de abuso de poder de autoridades elegidas popularmente o que están alrededor de actividades políticas, como campañas. De allí surgen datos alrededor no solo de autoridades elegidas para ejercer funciones ejecutivas –que pueden ser alcaldes o gobernadores–, sino que también hay una incidencia de concejales y diputados.
Son los encargados del presupuesto municipal, de planes de ordenamiento territorial o las designaciones de los contralores o personeros, y en esos frentes siempre ha habido mucha controversia por una debilidad en la falta de independencia entre esos organismos de control municipal, los ejecutivos y los procesos a veces opacos de elección en los concejos.
Estas corporaciones son el nivel donde la ciudadanía está más directamente relacionada con la administración pública y esa afectación tiene un hilo conductor con grandes sectores y en los gobiernos locales”.
¿Qué reflexión le deja también que organizaciones al margen de la ley como el Clan Úsuga (31,8 %) o las Autodefensas Unidas de Colombia (28,7 %) estén presentes en estos hechos de corrupción?
“Es una situación muy delicada. Ya sabíamos durante los años de conflicto fuerte previo a la firma del Acuerdo de Paz en 2016 que la corrupción era una un instrumento que alimentaba la acción de grupos irregulares. Lastimosamente eso lo volvemos a evidenciar ahora. Estas figuras pueden cooptar y participar en la dirección de asignación de presupuestos públicos y en la influencia que todavía tienen en distintos sectores del país.
Esto habla también de la complejidad que tiene luchar contra la corrupción hoy en día. No podemos seguir pensando que esto se hace con una medida generalizada para todo el país, sino que demanda unos enfoques territoriales importantes que permitan conocer las dinámicas de distintas regiones alrededor de qué pasa con la corrupción. Es distinto luchar contra la corrupción en Bogotá a hacerlo en Nariño o en zonas de frontera. Por ello, se requiere una aproximación mucho más minuciosa y diferenciada”.
¿Qué recomendaciones hacen desde la organización para combatir la corrupción?
“Las más urgentes son, en primer lugar, el tema de trazabilidad en la ejecución de los recursos públicos. Lo vemos sustentado en estos casos que analizamos entre 2016 y 2022, pero lo volvemos a ver ahora en el escándalo en la UNGRD porque gran parte de lo que está sucediendo ahí está asociado a un problema de vieja data, pero que sigue vigente: la ausencia de transparencia en la ejecución de mecanismos discrecionales que hay en el Estado. Por ello, es fundamental la trazabilidad de los recursos públicos.
Acá no se requiere pasar por el Congreso y hacer una gran reforma. Es una cuestión de gestión y administración pública, de voluntad de poner a disposición de la ciudadanía la información de la ejecución de todos estos mecanismos tan discrecionales de contratación.
A ello se suma seguir insistiendo en las estrategias preventivas. El gran problema es que una vez que se materializa un acto de corrupción realmente es muy difícil y demanda mucha capacidad todo el proceso de investigación y sanción. Lo ideal, y tenemos que seguir apostando a eso, es a los mecanismos de prevención, como la transparencia, la visibilidad y la rendición de cuentas.
Además, hay algo fundamental que tiene a deposición este Gobierno, pero en lo que no ha avanzado lo suficiente: la estrategia nacional de lucha contra la corrupción para poner de manera clara las metas, los objetivos, indicadores y resultados a los cuales debemos llegar en esta lucha tan compleja en el corto, mediano y largo plazo”.
