La Procuraduría General de la Nación emitió un concepto desfavorable al plebiscito por la paz, que actualmente está en revisión en la Corte Constitucional.
Según ese ente de control, el plebiscito debería ser declarado inexequible por la Corte o, de lo contrario, por lo menos eliminar figuras como que los funcionarios públicos puedan hacerle campaña.
Señala la comunicación de la Procuraduría que debe ser la Registraduría Nacional del Estado Civil, y no el Gobierno Nacional, el organismo encargado de realizar la pedagogía de los acuerdos de paz, y que debe hacerlo de manera “neutra e imparcial”.
Sin embargo, en palabras de la viceprocuradora Martha Isabel Castañeda, el único mecanismo idóneo que encontró el ministerio público para consultar la voluntad del pueblo con relación a los acuerdos de paz de La Habana fue el referendo constitucional: “este permite la decisión libre y consciente de los colombianos frente a cada punto del acuerdo y sí tiene efectos jurídicos”.
En el concepto enviado por Castañeda, el proyecto de ley que reglamenta el plebiscito por la paz desnaturaliza la figura del plebiscito, dándole un alcance de referéndum o, incluso, de Asamblea Nacional Constituyente pero reduciendo todas las garantías democráticas.
Por su parte, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que respeta la posición de la Procuraduría, pero que la “campaña del plebiscito solo iniciará tras fallo de Corte, firma de acuerdo y convocatoria del presidente”.
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