Hace tres días el Gobierno Nacional tiene en su poder una carta en la que Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, máximo líder de la banda criminal “Clan del Golfo”, también conocida como “Urabeños” o “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, expresa su intención de negociar un sometimiento a la justicia para él y sus hombres.
La información fue confirmada por el presidente Juan Manuel Santos, quien trasladó la misiva al Ministerio de Justicia y la Fiscalía “para que sea evaluada”, pero también aclaró que lo ocurrido no significa que el Gobierno tenga pensado negociar algo con ese grupo ilegal.
“Se trataría de un sometimiento, no de una negociación política, que también lo habían buscado, aunque saben que ahí no hay posibilidad, ellos no son actores políticos, son unos delincuentes, narcotraficantes y si se someten a la justicia, la ley prevé que pueden tener algunos beneficios dependiendo en las condiciones que se sometan”, dijo el mandatario.
Además, Santos confirmó que estos mensajes por parte del “Clan del Golfo” se venían recibiendo desde el año pasado, cuando el Gobierno reforzó su ofensiva contra esa banda con operaciones como Agamenón, que actualmente se encuentra en su segunda etapa.
“Esa presión está dando resultados, dimos de baja al número dos, alias ‘Gavilán’. Y tanto sienten esa presión, que desde el año pasado vienen enviando mensajes, que quieren someterse a la justicia, yo he autorizado a varios funcionarios públicos para que escuchen esos mensajes”, añadió el presidente.
EL COLOMBIANO, en su página web, dio la primicia del video en el que Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, principal líder del grupo ilegal, confirma la intención de negociar un sometimiento a la justicia y hacer parte del fin del conflicto armado de Colombia.
En las imágenes, “Otoniel” aparece vestido con uniforme camuflado como el del Ejército Nacional, con botas Machita y un brazalete rojo en su brazo izquierdo. Físicamente se le ve bien, con un poco de sobrepeso y su cara, sin barba, luce diferente a la foto con que las autoridades lo reseñaban hasta ayer.
“Hemos expresado la intención de alcanzar una salida digna y voluntaria para todos nuestros combatientes, acogiéndonos a la justicia con garantías que direccionen a la reconciliación nacional. Una vez estén dadas las condiciones estamos dispuestos a suspender todas las actividades ilegales de la organización”, dice el jefe del “Clan del Golfo”, quien aprovechó para enviarle un mensaje al papa Francisco para que “rece por esta propuesta”.
Curiosamente en esta semana, en la que llegará el Sumo Pontífice, se anunció el cese el fuego bilateral entre el Eln y el Gobierno. Y con el precedente de la muerte de alias Gavilán.
Reacciones al anuncio
La Defensoría del Pueblo, que en los últimos meses incrementó las denuncias ante los hechos delictivos cometidos por “gaitanistas” o “Clan del Golfo”, ve con buenos ojos la ventana que se abre para que un nuevo grupo armado tenga la disposición de dejar sus armas.
“Creemos que es un camino importante que el Gobierno ha escogido para este grupo y ojalá logremos que rápidamente entreguen sus fusiles, a los niños que tengan en su poder y dejen de vulnerar los derechos de los más necesitados”, dijo Carlos Alfonso Negret, defensor del Pueblo.
Por su parte el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y el ministro del Interior, Enrique Gil Botero, anunciaron que se reunirán en los próximos días para evaluar y discutir la solicitud de “Otoniel” y su gente, pero advirtieron que el sometimiento colectivo de organizaciones criminales no está previsto en la legislación colombiana.
“Desde la perspectiva de la Fiscalía, el sometimiento debe condicionarse cuando menos al cese absoluto de las actividades delictivas, la entrega del patrimonio ilícito y de los cultivos y rutas del narcotráfico”, afirmó el fiscal Martínez.
El abogado Michel Pineda, penalista y director de la corporación Compromiso Colombia, recuerda que existe la intención de presentar un proyecto de ley que serviría para este sometimiento a la justicia ordinaria que busca el “Clan del Golfo” y que el Gobierno debería agilizar su trámite para que se pueda materializar, “porque hoy, con las herramientas que hay, lo hace complejo. Sin mucha claridad”.
Explica que lo que ofrecen el Código Penal y Código de Procedimiento Penal, permitiría una situación similar a lo ocurrido en Medellín con los sometimientos voluntarios de integrantes de bandas como “la Oficina”, pero que en ultimas no podría trascender a grupos más grandes a nivel nacional.
Sobre lo que se podría negociar, o los beneficios que podrían obtener los integrantes de la banda, Pineda dice que “lo único que define lo de beneficios y obligaciones sería el texto definitivo de la ley que se presente. La preocupación que quedaría es si la legislación va a tener en cuenta solo a las bacrim o también acoja a todas las bandas delincuenciales organizadas”.
A propósito del proyecto de ley de sometimiento a la justicia, EL COLOMBIANO logró establecer que ni en la Cámara ni en el Senado ha sido radicado, aunque en el acuerdo de paz, firmado con las Farc, se plantea la necesidad de tramitar un mecanismo para el sometimiento a la justicia de las bandas criminales.
