El Ministerio del Interior expidió dos documentos que tienen preocupados a los sindicatos de la Unidad Nacional de Protección (UNP), encargada de brindar esquemas de seguridad a personas en riesgo. Con uno modificó la estructura de esa entidad y con el otro creó empleos en la planta de personal. Así quedó establecido en los decretos 0019 y 0020, que firmó el ministro Armando Benedetti.
De acuerdo con lo establecido por el ministerio, la UNP pasará a contar con 6.876 cargos en su planta permanente. Dentro de este total se incluyen 1.170 puestos que habían sido creados de manera temporal en 2024 y que ahora se integrarán de forma definitiva con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa y la presencia institucional en las regiones.
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El Mininterior argumenta que estos cambios buscan asegurar el cumplimiento de las funciones misionales de la UNP y responder a sus compromisos. Así mismo, se plantea como una estrategia para mejorar la cobertura y eficiencia de los servicios de protección en el país.
No obstante, el anuncio generó preocupación en el sindicato de la Unidad y los trabajadores tercerizados, Analtraseg, que advirtió sobre posibles falencias en los procesos de vinculación del nuevo personal. Su presidente, Giovanny Gallo, le dijo a EL COLOMBIANO sobre el Decreto 0020 que “no está definido cómo va a ser la incorporación de ese personal, quién lo hará, dónde está el armamento y los chalecos que utilizarán, dónde quedarán distribuidos en el país, pues no indican el procedimiento que se tomará en cuenta”.
El dirigente sindical también cuestionó que de ese manera “se está violando la ley colombiana en el sentido de la contratación pública, ya que el concurso no se da en estos momentos, sobre todo cuando falta poco para las elecciones de Congreso y Presidencia, no solo en la UNP si no dentro de muchas entidades que lo están haciendo”.
Así mismo, Gallo advirtió que habría una “masacre laboral” porque, según sostuvo, los más de 6.000 cargos que crea el decreto remplazarán a personas que han estado vinculados a esa entidad por más de 16 años y que por su edad (mayores de 50) será difícil vincularse laboralmente en otros trabajos. “No hay diferenciación o puntuación de ventaja entre los que están vinculados actualmente y los que llegarían”, agregó.
En ese sentido, cuestionó por qué no se tuvo en cuenta darle oportunidad a ese personal, que viene con experiencia de años, pues los puestos tercerizados serán remplazados por las personas que ocuparán los cargos que creó el mencionado decreto.
Por otro lado, el presidente del Analtraseg aseveró que en el decreto “no hay una política clara de ingreso, formación ni de experiencia, aun cuando el personal que está tiene toda la experiencia; pero, según el decreto, va a llegar un 10 % de personas jóvenes, pero tenemos dudas sobre la formación para portar armas o para estar zonas conflictivas del país”.
De hecho, el mayor número de cargos que se crean son oficiales de protección de grado 15 (3.058) y grado 18 (2.942), que suman en total 6.000. Es decir, el 87 % de los cargos creados.
“Tenemos pronto una reunión (con otros sindicatos de la UNP) para unificar criterios para demandar estos decretos, que violan la igualdad y los derecho adquiridos. Es inverosímil que a una persona que lleve 16 años prestando servicios lo dejen en la calle, sin ni siquiera darle las gracias, por una persona que puede estar inmersa en política. Eso será a dedo”, manifestó.
Cambios en las funciones de inteligencia de la UNP
En el artículo 12 del Decreto 0019 se habla de las funciones de la Dirección de Prevención de la Unidad Nacional de Protección en trece puntos. Allí se menciona la de ejecutar políticas de prevención del riesgo, que incluye la implementación de mecanismos de prevención colectiva y territorial, así como la coordinación de acciones de mitigación del riesgo y la evaluación de su efectividad.
Sobre esto, Giovanni Gallo advirtió que este cambio “es gravísimo” debido a que la UNP “va a poder hacer paralelamente sus propias actividades de inteligencia sin depender de la DNI (Dirección Nacional de Inteligencia) o puede coordinar esto con una extensión el DNI y la Policía, el Ejército y las demás instituciones”.
Esa entidad “podría investigar o hacer la inteligencia a los mismos beneficiarios del programa, o sea, a toda la gente que protege, a personas externas que crean ellos que están amenazando la seguridad del Estado, así como la de articular actividades de inteligencia con las demás instituciones”.
Al respecto, Gallo indicó que “ese no es el objetivo de la UNP” y que “para eso hay otros entes que lo están haciendo, en la que la Unidad lo solicita y los otros entes lo hacen. Pero van a tener personal dentro de la entidad que pueden investigar a los beneficiarios, a los escoltas o al que ellos les dé la gana”.
EL COLOMBIANO consultó al Ministerio del Interior si hará algún pronunciamiento sobre estas advertencias, pero no dieron respuesta. Los decretos pueden ser consultados en este enlace (Decreto 0019) y en este otro (Decreto 0020).
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