El presidente Iván Duque firmó una directiva para fortalecer controles en los procesos de contratación pública, después de que se conociera el escándalo de Andrés Mayorquín –exasesor de su jefe de Gabinete, María Paula Correa– y Karen Vaquiro, su esposa. Sin embargo, es posible que el documento no sirva para solucionar futuros casos similares.
Vaquiro obtuvo 24 contratos por 1.200 millones de pesos con 12 entidades del Estado, entre las que se cuentan la Alcaldía de Bogotá, el Icetex, el Ministerio de Justicia, entre otras, mientras su esposo trabajaba para la Presidencia, y la ayudaba a conseguirlos.
La mujer mintió en las hojas del Sigep, en las que se declaran los conflictos de interés, cuando aseguró que estaba soltera, en un posible acto de corrupción por falsedad en un documento público.
No obstante, la nueva directiva presidencial no resuelve el problema. Si bien insiste en las obligaciones sobre el Sigep y el Secop, lo que pasó con Vaquiro es que mintió y que nadie, aparentemente, dijo nada hasta que el caso se hizo público.
Aunque Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de Presidencia, dijo que desde noviembre estaban investigando, muchos se preguntan cómo nadie supo que Vaquiro y Mayorquín eran esposos.
Es por eso que hay escepticismo. No solo se trata del sistema sino de que ella faltó a la verdad y nadie lo supo. La directiva poco podría evitar lo que pasó
