La Corte Constitucional negó una tutela que presentó la defensa del expresidente Álvaro Uribe en el marco del proceso que se adelanta en contra suya por presunta manipulación de testigos. Después de un debate que duró más de nueve horas, la Sala Plena del alto tribunal llevó a cabo una votación que quedó 4 a 5 y ratificó la imputación de cargos contra el también exsenador por los supuestos delitos de soborno y fraude procesal.
El expresidente buscaba que se le retirara su calidad de imputado en el proceso, que está en manos de la Fiscalía después de que renunciara al Senado y la Corte Suprema perdiera facultades para investigarlo. La decisión de la Corte Constitucional, entonces, equiparó la indagatoria que le ordenó la Corte Suprema con la imputación que hace la Fiscalía en el sistema penal acusatorio.
“Cuando hay un cambio de sistema procesal por renuncia del fuero durante la etapa de la investigación, conservará validez todo lo actuado”, le dijo a EL COLOMBIANO el magistrado de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, después de que se conociera el resultado de la votación.
Linares también explicó que la decisión de la Corte Constitucional podría permitirle a la defensa de Uribe acudir ante un juez de control de garantías para que revise su condición de imputado.
Este, sin embargo, fue un duro traspié para el expresidente, que ha recibido otras dos derrotas en las últimas 48 horas.
Cepeda le ganó un round
Víctor Mosquera, uno de los abogados del expresidente, presentó una denuncia en la Corte Suprema de Justicia contra el senador del Polo Democrático Iván Cepeda por presunta obstrucción, alteración y destrucción de material probatorio.
El argumento de Mosquera era que el senador habría borrado conversaciones que había sostenido con Juan Guillermo Monsalve, uno de los testigos claves contra el expresidente Uribe en las investigaciones que se han adelantado en su contra. Según el abogado, Cepeda habría eliminado chats y audios en los que se comunicaba con Monsalve.
Pero la Sala de Instrucción de la Corte Suprema inadmitió la denuncia de Mosquera, pues concluyó que este accionar del senador Cepeda no era una conducta punible.
“No es posible configurar un deber de conservación de las comunicaciones privadas sobre el que pueda estructurarse un tipo penal de destrucción de elemento material probatorio, en el caso en que estas comunicaciones ya no estén disponibles por la acción de quien las tenía en su poder”, advirtió la Corte.
