La aprobación del articulado de la reforma a la justicia se dio a paso lento en la plenaria del Senado de la República, en donde hubo duras recriminaciones del Partido Conservador a la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, por el mal manejo que le habría dado al trámite de la misma. Ahora la enmienda constitucional pasa a la Cámara de Representantes, en donde deberá tener dos debates más antes del 16 de diciembre.
La reforma en términos generales como se aprobó mantuvo con vida al Consejo Superior de la Judicatura, acaba los comunicados de prensa de la Corte Constitucional para anunciar sus fallos y no se aprobó un tribunal de aforados. Los cambios que se planteaban a la tutela tampoco entraron en la discusión en esta segunda vuelta.
La derrota para el gobierno se debe destacar que fue en lo referente al Consejo Superior de la Judicatura, el cual pese a que se propuso eliminarlo por parte de la ministra Borrero por una nueva estructura operativa, el mismo se le negó.
Se resalta que la reforma dota de funciones nuevas a la justicia para la descongestión, aspecto en el que hubo entendimiento de todas las bancadas.
En la sesión, los conservadores, por intermedio de los senadores Juan Diego Gómez y Eduardo Enríquez, le reclamaron a la ministra Borrero por haberles señalado, el martes, de que no quisieron hacer presencia en la discusión y pusieron en riesgo la votación. Para los congresistas el partido acompaña la reforma, y explicaron que no asistieron a parte de la sesión por que estaban tomando una posición sobre la reforma tributaria, en donde no van a votar el IVA para la canasta familiar.
La discusión del articulado llevó a que se reabriera el articulado referente a que la Contraloría sí tiene las facultades para investigar a los aforados que manejan recursos, entre ellos a los magistrados de las altas cortes. Esa facultad se había quitado al órgano fiscal en la sesión del martes.
Por otro lado, en la sesión se ratificó que será el Congreso de la República el encargado de elegir al Contador General de la Nación, y se negó una proposición que planteaba que fueran las altas cortes las que lo hicieran.
El senador ponente, Germán Varón, sostuvo que la reforma debe ser coherente con lo que se ha votado recientemente en el Congreso, como fue quitar las funciones electorales a las cortes y muestra de eso fue la elección en agosto pasado del nuevo Contralor General de la República.
Un tema más que dividió a la plenaria fue el referente a que por Constitución se defina el incremento del presupuesto del sector justicia, frente a lo cual los sectores del Senado amigos del gobierno se opusieron a dicha propuesta que lideraron los partidos de oposición.
Al respecto, la senadora María del Rosario Guerra sostuvo que no sería legal hacer este tipo de destinación presupuestal sin prever los ingresos anuales que tenga el Estado y comprometerse con antelación a un monto que tal vez no pueda cumplir.
Lo que se dispuso a la postre fue la propuesta del gobierno, en donde dice que será la ley de apropiaciones cada cuatro años en donde se determina una fórmula para el incremento del presupuesto de la rama judicial, lo cual además va de la mano del Plan Nacional de Desarrollo.
También se presentó un artículo para inhabilitar por cuatro años para elección de cargos públicos al procurador, contralor y fiscal general, luego de que salgan de sus cargos. Los senadores Rodrigo Lara y Roy Barreras se opusieron a que el mismo fuera avalado. El artículo quedó en que esa inhabilidad no aplicará para los actuales titulares de esos cargos sino para los futuros.
Se creó, además, en la reforma una comisión interinstitucional para hacerle seguimiento al cumplimiento de las reformas al sector justicia, en donde estarán el gobierno, la Fiscalía y el Congreso, entre otros.
Por ahora, en el tránsito en el Senado no quedó incluido el tribunal de aforados, el cual incluso se propuso en la discusión en plenaria, pero se retiró ante la falta de apoyo.
La reforma pasa ahora a la Cámara de Representantes, allí llegará en dos semanas, en la última semana de noviembre, entrará a la Comisión Primera, en donde máximo tendrá una semana para discusión y pasar a discutirse luego a la plenaria antes del 16 de diciembre.
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