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Por Sergio Andrés Correa | Publicado el 03 de mayo de 2019
El fiscal se defendió de los señalamientos en su contra por no haber investigado desde enero las posibles interceptaciones.
Desde el primer mes de este año, la Fiscalía General de la Nación conocía sobre una presunta organización delincuencial interesada en intervenir las llamadas telefónicas de magistrados de la Corte Constitucional. Así por lo menos consta en la carta que el ente investigador envió el 30 de abril a la presidente de ese tribunal, Gloria Stella Ortiz.
Este hecho despertó críticas a la gestión del fiscal Néstor Humberto Martínez, quien expresó por escrito en la comunicación dirigida a la Corte que “en la fecha (30 de abril), he designado al doctor Fabio Espitia Garzón, director de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema, para que asuma de inmediato la indagación respectiva”.
De allí que la opinión pública interpretara que, cuatro meses después de conocer las posibles interceptaciones a magistrados del alto tribunal, la Fiscalía dio inicio a la investigación por estos hechos. No obstante, ayer en rueda de prensa, Martínez ofreció una versión diferente.
“Es insólito que haya quien diga que la investigación se empezó apenas este martes. Eso no tiene ninguna cabida”, recalcó el fiscal y explicó que si bien desde comienzos de este año el ente investigador tiene en su poder unos audios que “daban cuenta de los intereses de una presunta organización delincuencial, de acceder a las comunicaciones de los magistrados” por el curso que pudiera tomar una sentencia de tutela, aún la Fiscalía no tiene certeza de que las interceptaciones se hayan efectuado.
“En un audio posterior se hace referencia al nombre de un magistrado que pertenece a la Corte Constitucional. Eso llevó inmediatamente al fiscal a llamar a ese magistrado y a otros varios para advertirles que había el interés de acceder a sus comunicaciones privadas”, agregó Martínez.
Una vez conocidas dichas pruebas, aseguró el fiscal, “el 14 de febrero le pedimos a la Corte que nos mandara el listado de tutelas que harían referencia a sentencias judiciales o a procesos disciplinarios y el pasado 12 de marzo recibimos la respuesta”.
Esa sería la razón por la que a la fecha, el ente investigador no tiene claridad sobre qué expediente habría ocasionado la amenaza a la privacidad de los magistrados y “las pesquisas continúan”, según indicó Martínez, concluyendo que el objetivo de los presuntos delincuentes es “extorsionar a los integrantes de la Corte, incluso, hacer hechicería a uno de ellos”.
¿Qué dice el tribunal?
Tras las declaraciones del fiscal general, la presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Stella Ortiz, manifestó que a raíz de dichas revelaciones, “entender el margen (que tendrían los delincuentes) de intervenir en nuestra vida privada, para ver si nuestros elementos personales podrían incidir o presionar en la selección de un expediente, nos deja altamente preocupados”.
La magistrada enfatizó en que “para nosotros los jueces, la ausencia de presión en la toma de decisiones es un factor muy importante”, pero expresó su plena confianza en los integrantes de la Corte: “Tenemos magistrados serios, que tenemos la posibilidad de, incluso bajo presión, decidir conforme a nuestras convicciones y a nuestra capacidad jurídica para resolver los asuntos”, indicó.
¿Y dónde están los audios?
El fiscal Néstor Humberto Martínez lamentó además que este caso se hubiera dado a conocer a la opinión pública y no permitió que los medios de comunicación conocieran los audios en poder de la Fiscalía, puesto que “abortaría la investigación y dejaría al desnudo quiénes son los involucrados”.
Al respecto, el doctor en Derecho y docente de Eafit, Juan Oberto Sotomayor, explicó que “en una etapa preprocesal, la Fiscalía solamente está indagando para evaluar si se están cometiendo delitos, por lo tanto, hacer pública una investigación podría ponerla en riesgo, porque es como alertar a las personas que pudieran estar vinculadas al proceso”.
Añadió el académico que “una interceptación es un evento que requiere control posterior de un juez, es decir, la Fiscalía no tiene un arbitrio absoluto, porque estaría afectando derechos fundamentales de los posibles indiciados” .
Contexto de la Noticia
ANTECEDENTES La alerta de la Corte
El pasado 28 de abril, varios magistrados de la Corte Constitucional denunciaron en medios de comunicación las posibles interceptaciones ilegales de las que estarían siendo víctimas. Según manifestaron, inferían que las escuchas habrían empezado cuando el tribunal empezó a debatir temas de alto interés nacional, como la Ley Estatutaria de la JEP y el uso de glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos. Por este motivo, la presidenta de la Corte, Gloria Stella Ortíz, envió cartas a la Policía y la Fiscalía el pasado 1 de mayo, manifestando sus dudas.
Tengo la maleta siempre hecha y mi brújula, que por lo general apunta al sur, me trajo al periodismo para aclarar mi voz. Busco la pluralidad y no le temo a la diferencia.