Desde el primer mes de este año, la Fiscalía General de la Nación conocía sobre una presunta organización delincuencial interesada en intervenir las llamadas telefónicas de magistrados de la Corte Constitucional. Así por lo menos consta en la carta que el ente investigador envió el 30 de abril a la presidente de ese tribunal, Gloria Stella Ortiz.
Este hecho despertó críticas a la gestión del fiscal Néstor Humberto Martínez, quien expresó por escrito en la comunicación dirigida a la Corte que “en la fecha (30 de abril), he designado al doctor Fabio Espitia Garzón, director de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema, para que asuma de inmediato la indagación respectiva”.
De allí que la opinión pública interpretara que, cuatro meses después de conocer las posibles interceptaciones a magistrados del alto tribunal, la Fiscalía dio inicio a la investigación por estos hechos. No obstante, ayer en rueda de prensa, Martínez ofreció una versión diferente.
“Es insólito que haya quien diga que la investigación se empezó apenas este martes. Eso no tiene ninguna cabida”, recalcó el fiscal y explicó que si bien desde comienzos de este año el ente investigador tiene en su poder unos audios que “daban cuenta de los intereses de una presunta organización delincuencial, de acceder a las comunicaciones de los magistrados” por el curso que pudiera tomar una sentencia de tutela, aún la Fiscalía no tiene certeza de que las interceptaciones se hayan efectuado.
“En un audio posterior se hace referencia al nombre de un magistrado que pertenece a la Corte Constitucional. Eso llevó inmediatamente al fiscal a llamar a ese magistrado y a otros varios para advertirles que había el interés de acceder a sus comunicaciones privadas”, agregó Martínez.
Una vez conocidas dichas pruebas, aseguró el fiscal, “el 14 de febrero le pedimos a la Corte que nos mandara el listado de tutelas que harían referencia a sentencias judiciales o a procesos disciplinarios y el pasado 12 de marzo recibimos la respuesta”.
Esa sería la razón por la que a la fecha, el ente investigador no tiene claridad sobre qué expediente habría ocasionado la amenaza a la privacidad de los magistrados y “las pesquisas continúan”, según indicó Martínez, concluyendo que el objetivo de los presuntos delincuentes es “extorsionar a los integrantes de la Corte, incluso, hacer hechicería a uno de ellos”.
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