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La confianza en los territorios es vital

  • Pablo Angarita - Gustavo Duncan Cruz - Jorge Iván Avendaño - Edgar Ramírez - Carlos Alberto Builes Tobón
    Pablo Angarita - Gustavo Duncan Cruz - Jorge Iván Avendaño - Edgar Ramírez - Carlos Alberto Builes Tobón
Publicado el 19 de julio de 2019

Quien sea elegido en la máxima dignidad departamental no la tendrá fácil para mejorar los niveles de seguridad en Antioquia. Recibirá una región resquebrajada por los grupos armados que se pelean las economías ilegales que proliferan en Urabá, Bajo Cauca, Norte y Nordeste, dejando a la población civil en medio de enfrentamientos, reclutamiento de menores de edad, extorsiones, secuestros y minas antipersonal, llenos de miedo de denunciar las atrocidades a las que son sometidos por el Eln, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y los Caparros.

De hecho, la Defensoría del Pueblo ha denunciado el drama humanitario que se vive en los municipios del Bajo Cauca, especialmente, en Cáceres, donde el defensor Carlos Alfonso Negret, constató “la peor situación que ha visto en el país”.

También son poblaciones que no confían en las autoridades porque creen que cualquier tipo de colaboración los pone en riesgo, que las instituciones del Estado entran, intervienen y se van, mientras ellos se quedan con los problemas. Además de la certeza de que existe un aparato corrupto entre las autoridades que tienen como misión su cuidado.

No solo es el conflicto armado a gran escala. Otras regiones del departamento se ven afectadas por la microcriminalidad representada en bandas de narcomenudeo, extorsión y control social, como las que se presentan en el Valle de Aburrá y el Suroeste, que son muy difíciles de combatir si no hay suficiente inteligencia y que proliferan con mucha rapidez.

Lo profesores consultados para este análisis tienen diferentes miradas de lo que debe hacer el próximo mandatario de Antioquia para mejorar los indicadores, que van desde el aumento de pie de fuerza hasta la inversión social que permita superar las brechas y que haga que las comunidades no se sientan solas.

Para ello tendrá que buscar la colaboración y el compromiso de otras entidades del Estado como la Fiscalía, la Fuerza Pública, el Gaula, la Agencia de Renovación del Territorio, Descontamina Colombia, la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad para las Víctimas, entre otras, para trabajar en la generación de confianza y de mejores condiciones de vida para poblaciones apartadas y vulnerables.

Esto se logra con el ejemplo, con el diálogo, con la confianza, pero, sobre todo, con la presencia. El próximo gobernador y su gabinete debe estar en el territorio, acompañando a sus habitantes, haciéndole seguimiento a las situaciones y no solo reaccionando a las coyunturas generadas por actos violentos.

Las acciones deben ser combinadas en lo social y lo punitivo


Pablo Angarita
Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia


Se debe tener un conocimiento de lo que viene ocurriendo en el departamento de los factores generadores de inseguridad y al mismo tiempo esos actores que generan inestabilidad. El gobernador deberá tener un plan estratégico de seguridad en el que se supere el espontaneísmo, el responder a las coyunturas inmediatas y en el que se logre diferenciar las distintas situaciones porque hay temas que tienen diverso nivel y que se tratan de la misma manera, por ejemplo, el de los consumidores de estupefacientes que se tratan igual que a las organizaciones criminales. Un primer punto es que el mandatario fije una posición de liderazgo frente al Acuerdo de Paz y su implementación y evitar el surgimiento de nuevos grupos ilegales. Un segundo punto es que considero que el plan estratégico debe combinar las acciones sociopreventivo y las de carácter punitivo y represivo, además desarrollar una amplia labor de inteligencia para atacar a las organizaciones armada ilícitas, hay que quitarles base social a esas estructuras. Un tercer punto es que las acciones gubernamentales deben estar centradas en Urabá, Bajo Cauca y el Valle de Aburrá. Un cuarto punto clave es la depuración de las Fuerzas_Militares, si bien se puede decir que esto es del carácter nacional, se puede trabajar en la vigilancia y seguimiento a la educación que se les da en las escuelas militares y de policía, de nada sirve tenerlos en zonas de conflicto y está el riesgo de que se contaminen con organismos criminales. Y un quinto punto es que no hay éxito en cualquier plan de seguridad si no se cuenta con la ciudadanía, pero la ciudadanía en su rol no puede convertirse en meros informantes o colaboradores de la Fuerza Pública, debería ser en un gran movimiento cultural que ayude a la resolución de conflictos.

Hay que ofrecer mecanismos de justicia efectivos


Gustavo Duncan Cruz
Profesor del Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas – de la Universidad Eafit


Al nuevo gobernador le espera un desafío distinto al de sus antecesores. Ya no se trata de una violencia de orígenes tan diversos, con profundas imbricaciones políticas. El conflicto en el posconflicto, valga la redundancia, ha desnudado la columna vertebral que hacía viable todas las aspiraciones políticas de guerrillas, paramilitares y demás actores en armas, legales e ilegales. Lo que sostenía todo era, al final, el desarrollo de mecanismos de control social por criminales. En otras palabras, de bandidos que ejercen como Estado de comunidades en la periferia y, a veces, de regiones enteras. Son ellos quienes vigilan, imponen la ley y cobran impuestos. La exclusión política y económica no necesitaba ser resuelta con una revolución que tumbara al gobierno y remplazara las estructuras sociales. Bastaba imponerse por las armas para acumular poder y monopolizar rentas que, si no es bajo la protección de criminales, no existirían. El narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando; se constituyeron así en la base de la organización económica y en las relaciones de poder locales. Para el Estado el tema es cómo llevar sus instituciones a sociedades que llevan décadas gobernadas por organizaciones criminales. Y las opciones de política pública rebasan lo estrictamente represivo. Ofrecer mecanismos de justicia efectivos y acceso a los mercados, dadas las restricciones de ingresos de muchas comunidades, es tan o más importante para legitimar al Estado que encarcelar cabecillas y mandos medios. El nuevo gobernador deberá ofrecer una política pública que armonice la acción de la Fuerza Pública con la construcción cotidiana de institucionalidad en distintos escenarios, desde el contexto urbano de Bello hasta zonas rurales como Ituango y el Bajo Cauca. Es una tarea de largo plazo, que va más allá de los tiempos de una sola administración.

Revisar la inversión y mejorar todo el sistema penitenciario


Jorge Iván Avendaño
Profesor Investigación Criminal – Universidad de Medellín


Son diversos los retos para el próximo Gobernador en materia de seguridad, entre ellos es importante destacar la necesidad de ampliar la cobertura de la Fiscalía General de la Nación en regiones apartadas de la geografía, así como el refuerzo logístico del personal perteneciente al Ejército y la Policía Nacional. Es indispensable la congregación de unidades investigativas como el CTI, Ejército, Fiscalía, Sijín y Dijín en un mismo espacio físico, ello con el propósito de brindar a la ciudadanía un servicio integral e integrador que permita mayor agilidad, control y eficacia en su labor. Es menester del dirigente departamental venidero brindarle prioridad a la lucha contra delitos ambientales como el tráfico de flora y fauna, la tala de madera y la explotación ilícita de yacimientos mineros, flagelos que causan un detrimento progresivo de la riqueza ecológica que destaca nuestra región ante el mundo. No menos importante será la implementación de políticas que permitan un acercamiento efectivo entre las autoridades y la población, la propiciación tangible del desarrollo social y la promoción de la seguridad privada siempre que se cuente con una regulación y un seguimiento constante. Para finalizar, es trascendente la realización de un análisis de inversión y mejora de todo el sistema penitenciario, dentro del cual se incluiría la asignación de presupuesto para la construcción de nuevos centros carcelarios y la mejora de las condiciones de reclusión en todo el territorio antioqueño.

La seguridad debe ir más allá del orden público


Edgar Ramírez
Profesor del departamento de Ciencia Política - Universidad Nacional

El próximo gobernador debe entender la palabra seguridad en toda su amplitud, más allá del manejo del orden público a través de la policía y la presencia militar. Debe entender que se refiere también a la presencia institucional en pleno, con la que las comunidades sientan el soporte del Estado.

El gran reto entonces es que la seguridad implique también la defensa de la vida, del patrimonio y de la integridad de las personas en el territorio. Se avanzará mucho si el futuro gobernador entiende que las comunidades no deben ser objeto sino sujeto de la acción, que apoyen las distintas políticas públicas y se sientan respaldas y comprometidas por las autoridades del orden departamental. Además, los funcionarios deben ser honestos activos y comprometidos, para que se mantenga la legitimidad de sus actuaciones. Quien tome las riendas de Antioquia deberá adelantar la defensa del territorio, particularmente de lo ambiental, tiene que jugársela por el agua, por la defensa de los bosques, por que los territorios se sientan muy representados en su política y de esa forma se sientan más seguros. Así mismo, debe tener mucha confianza en las comunidades, son ellas las que saben leer los territorios y tienen toda la comprensión de las relaciones que ocurren en sus localidades. Respecto a la Fuerza Pública debe propender por una transformación institucional y cultural particularmente de la Policía, que debe ser comunitaria y garante de derechos. Hay que establecer un plan de acción muy fuerte para prevenir las prácticas indebidas en esa institución, cuyos miembros deben ser creíbles más por sus prácticas que por cualquier tipo de retórica. Al policía hay que decirle que el ciudadano tiene derechos y que en él ve reflejada la acción del Estado.

Pensar como región en los Pactos Territoriales del Gobierno


Carlos Alberto Builes Tobón
Director de la Facultad de Ciencias Políticas - UPB


Primero, comprender que la seguridad incumbe a todos los ciudadanos e instituciones y que supera lo militar e incluye todo el cuidado de la persona en lo social, civil y ambiental; este es un cambio de paradigma necesario para un departamento complejo como lo es Antioquia. Segundo, la gobernación como articuladora interinstitucional y su conexión entre gobernabilidad y gobernanza de la seguridad. Este cambio en la concepción de seguridad incluye que todas instituciones estatales y sociales están complementándose desde sus diferentes funciones con el máximo respeto de los Derechos Humanos. Tercero, el enfoque territorial de bordes interdepartamentales, a través de planes estratégicos: Chocó, Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Nordeste y el Suroeste. Dado que somos un departamento estratégico geográficamente es necesario interactuar con los alcaldes y gobernadores de los departamentos vecinos para que sea eficaz la política de seguridad con enfoque territorial. Cuarto, bello y el área metropolitana por un Pacto Territorial de Seguridad Integral. Valdría la pena pensar como región en los Pactos Territoriales que propone el gobierno nacional en el Plan de Desarrollo con el fin de ayudar a superar el complejo caso de Bello que simboliza el fracaso de una estrategia integral metropolitana de seguridad humana. Quinto, convivencia y cultura de la legalidad. Promover un Pacto Social por la cultura de la legalidad y el desarrollo de las capacidades ciudadanos en un entorno democrático es un reto de la cultura ciudadana. Aprender a resolver los conflictos cotidianos desde los mecanismos de justicia y conciliación democráticos implica todo un esfuerzo institucional y un cambio de paradigma cultural. Estado y ciudadanos unidos en los diferentes territorios por el cuidado colectivo de la vida.

Contexto de la Noticia

Olga Patricia Rendón Marulanda

Soy periodista egresada de la Universidad de Antioquia. Mi primera entrevista se la hice a mi padre y, desde entonces, no he parado de preguntar.

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