A las 00:05 horas de este viernes, mientras usted probablemente dormía, el Congreso de la República estaba conciliando el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que guiará al Gobierno de Gustavo Petro en su cuatrienio en la Casa de Nariño.
El Senado ya había aprobado el articulado desde el miércoles, pero la Cámara de Representantes se negó a acoger el texto de esa plenaria e hizo su propio estudio. La discusión de los 373 artículos fue tan extensa que solo hasta caída la noche del jueves terminó el debate de las proposiciones e, inmediatamente, los ponentes se reunieron para conciliar las dos versiones del documento.
Al cierre de esta edición estaba llamada esa cita de medianoche convocada por el presidente de la Cámara, David Racero, y en ella estudiaron las diferencias de las cerca de 564 páginas del texto que aprobaron la Cámara y el Senado, por separado, para consolidar uno conjunto que sigue en análisis este viernes y que necesitará, en cuestión de horas, la firma de Planeación Nacional antes del domingo 7 de mayo, cuando vence el plazo para hacer ese trámite.
En redes sociales todos los congresistas posaron como caza “micos” y esa pesca masiva le dio sepultura a algunas de las polémicas pretensiones que tenía el presidente con el PND, como la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales (el 353), y otro que permitía la importación de gas desde el extranjero (el 364) –que se había leído como la puerta de entrada a las importaciones de gas desde Venezuela–, fueron enterrados por las dos cámaras.
Así mismo, se quedó sin dientes la pretensión del Presidente de tener facultades extraordinarias para crear una entidad encargada de los asuntos forestales que podría darle súper poderes para las cuestiones ambientales.
Tanto en Senado como en Cámara congresistas como Ciro Ramírez y Jennifer Pedraza atajaron el artículo 153 que le daba a las alcaldías la posibilidad de aplicar una sobretasa al impuesto predial. Ese mismo tenía un parágrafo que abría la puerta a subir el precio de los tiquetes de transporte público para financiar obras de infraestructura.
El senador de Cambio Radical, David Luna, encendió las alarmas sobre el 218 que trazaba la integración vertical del sector energético para permitir que las empresas del sector pudieran generar, distribuir y comercializar energía, generando así un monopolio de toda la cadena. Ese también se terminó hundiendo.
Algunos micos quedan con vida
Pero en esa tarea quedaron otros que pasaron de agache. Si bien el Senado había tumbado el que permitía la “expropiación exprés” de tierras para la reforma agraria, en la Cámara la bancada del Pacto Histórico lo revivió con un parágrafo que le da facultades a la Agencia Nacional de Tierras para aplicar procedimientos agrarios cuando el dueño de esos terrenos se niegue a vender.
Otro que quedó respirando a medio pulmón es el artículo 8 que plantea que todas las entidades del Estado tengan que acoger las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Si bien el Senado lo había tumbado, la Cámara lo revivió y solo la conciliación de este viernes definirá si permanece, o no, en el texto final.
Bajo cuerda también pasó el artículo que hará que los acuerdos del Gobierno con las comunidades indígenas tengan carácter de ley. Ese punto incluye temas como la financiación para la Guardia Indígena y la contratación directa del Estado con esas comunidades.
El último punto que votó la Cámara fue el 373. De ese artículo la representante Katherine Miranda ya había advertido que permitiría a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República tener información clasificada y reservada de las personas. Sin embargo, no entró en el paquete de los eliminados y su futuro se definirá durante la conciliación.
Que ese y otros polémicos puntos permanezcan en el texto final dependerán de la cita de este viernes de los 12 conciliadores –6 de Senado y 6 de Cámara– que le pondrán los puntos finales al Plan del “Gobierno del Cambio”.
