El Gobierno del presidente Gustavo Petro tiene listo un acto legislativo en el que insiste que la Procuraduría no tenga funciones sancionatorias contra funcionarios que sean elegidos por voto popular.
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Según explicó el ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien lidera esta iniciativa, el Gobierno radicará en marzo de 2024 un proyecto que tiene la finalidad de quitarle dientes a la Procuraduría, debido a que no es juez.
“El proyecto de acto legislativo propone que la Procuraduría, tal como ya lo ha establecido la jurisprudencia internacional y la constitucional, al no ser juez, no puede suspender ni destituir funcionarios de elección popular”, expresó el ministro.
Y agregó que “ese proyecto de reforma lo que intenta es que mediante un retoque a esos artículos de la Constitución, suprimir toda función de la Procuraduría que tenga relación con suspender, destituir e inhabilitar a estos funcionarios”.
Ante esto, aclaró que se busca que “una autoridad administrativa no pueda impedir a quien ganó las elecciones que ejerza el cargo”.
El ministro explicó cómo sería el futuro de los funcionarios judiciales que tienen funciones sancionatorias en el ente de control luego del acto legislativo.
Según expresó Osuna, “como el proyecto de acto legislativo suprime las facultades de la Procuraduría para intervenir en los procesos penales en el sistema penal acusatorio, van a quedar una serie de funcionarios de la Procuraduría (a quienes), por supuesto, se les van a garantizar su estabilidad laboral y sus salarios, pero que se trasladan al poder judicial, ya sea como jueces o como fiscales”.
El jefe de la cartera de justicia agregó que el proyecto le da facultades extraordinarias al presidente Gustavo Petro para que tenga potestad de decidir sobre estos traslados, cómo operaran y en qué sedes se distribuirán estos funcionarios del Ministerio Público.
Cabe recordar que esta discusión ha generado fuertes discusiones entre el presidente Petro y la procuradora Margarita Cabello.
Incluso, la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-030 se pronunció al respecto, decidiendo que las facultades de la Procuraduría en cuanto a sus sanciones contra funcionarios elegidos por voto popular, sean compartidas en dos instancias junto al Consejo de Estado.
Esta iniciativa del Gobierno tiene como primer antecedente la pelea que ganó Gustavo Petro contra el Estado colombiano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, adonde llevo el caso en el que la Procuraduría (en ese entonces a cargo de Alejandro Ordóñez) lo destituyó de la Alcaldía de Bogotá y lo inhabilitó por 18 años en diciembre 2013.
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