La proximidad de un debate en el Congreso, sobre un proyecto de ley para normatizar la industria de entretenimiento para adultos por webcam, despertó el interés político y empresarial sobre un negocio que viene creciendo en cifras, pero que algunos sectores sociales aún se resisten a aceptar.
La discusión jurídica quedó planteada con la Ley 2010 de 2019, la primera reforma tributaria del gobierno de Iván Duque, con la cual se pretende gravar nuevas actividades para llenar un agujero fiscal en las arcas de la Nación.
El artículo 73 de dicha norma reza: “Entiéndase también como agentes de retención las personas jurídicas y naturales exportadoras de servicios de entretenimiento para adulto a través del sistema webcam, que mediante contrato de mandato como hecho generador practiquen la retención en la fuente por servicios al mandante en el respectivo pago o abono en cuenta, de conformidad con el artículo 392 del Estatuto Tributario. Estas empresas estarán organizadas en una Federación de Comercio Electrónico para Adultos para su control, y el sector será reglamentado mediante ley”.
Como consecuencia de ese mandato, en agosto de 2020 el senador Jonatan Tamayo Pérez (“Manguito”) radicó en el Congreso un proyecto de ley para reglamentar el citado artículo 73 y dictar otras disposiciones sobre ese asunto.
Debido a los retrasos que generó la pandemia, y a que se priorizaron las discusiones sobre proyectos relacionados con el sistema de salud, el debate fue aplazado para marzo de 2021, es decir, dentro de un mes (sujeto a cambios).
El proyecto
En el documento radicado ante el Senado, conocido por EL COLOMBIANO, Tamayo expuso que “teniendo como base el promedio de páginas web que a nivel mundial se les presta servicios desde Colombia hacia el exterior, se está monetizando mensualmente entre el mercado libre y el cambiario, un promedio de 40 millones de dólares”.
Esas divisas, que provienen de EE.UU., Europa y Asia, se invierten en la economía colombiana, que alberga cerca de 2.500 empresarios, 100.000 modelos webcam y 20.000 empleados de apoyo (diseñadores web, fotógrafos, videógrafos, contadores, administradores, etc.), de acuerdo con las cifras de las agremiaciones.
El proyecto de ley contiene 11 artículos, con el objeto de reglamentar “el servicio de comercio electrónico para adultos a través del sistema webcam en razón a la normatividad tributaria (...) y realizarle el debido control y vigilancia, con el fin de combatir las malas prácticas, la explotación humana y regular este sector para que contribuya en las finanzas del país” (art. 1°).
En ese sentido, explica los certificados legales que deben reunir y los impuestos a pagar para quienes se dediquen a la actividad; establece que las personas involucradas en “el comercio electrónico para adultos podrán abrir cuentas bancarias y realizar la monetización de divisas origen de la exportación de sus servicios en bancos o entidades del sector financiero” (art. 8); y que “tendrán también la condición de exportadores para fines tributarios al apoyar a los modelos en la ejecución de su labor” (art. 9).
Sobre la necesidad de reglamentar este sector, el congresista estimó que “en Colombia se viene desarrollando esta actividad casi que de manera informal, pero la cantidad de personas que están perteneciendo a esta industria es considerable y las altas cifras económicas que se están manejando, en su mayoría dineros que provienen del exterior sin debido control, es lo que hace necesario una normatividad para el sector y que se le deba reconocer como industria afín a la actividad de exportación de servicios, sin que se genere una estigmatización por ser una actividad poco convencional, teniendo como factor fundamental el libre derecho al trabajo”.
Y añadió que “no es de sorprender el trámite legislativo para la actividad de comercio electrónico para adultos a través de la webcam, cuando ya se han ido reglamentando otras actividades de tipo sexual, como el ejercicio de la prostitución mediante la Ley 1801 de 2016, lo que nos lleva a tener que avanzar en este tipo de normas para proteger al ser humano y atacar el manejo ilegal de dineros”.
La polémica
Darío Sánchez es el presidente de la Federación de Comercio Electrónico para Adultos (Fencea), nacida en 2019 en Cali, la cual cuenta con 130 empresarios afiliados, que con sus estudios webcam generan empleo a 40.000 modelos (masculinos, femeninos y Lgtbiq+).
Él está de acuerdo con el proyecto de ley, pues considera que le da una visibilidad importante al negocio, que no es igual a la prostitución; reconoce su importancia económica y “pone las reglas claras del juego, para que todo se haga de forma transparente”.
En cuanto al ambiente político para tratar estos asuntos, estimó que todavía hay quienes rechazan esta actividad “por desconocimiento y resistencia al cambio”.
Entre los puntos que más polémica han suscitado están los artículos 3 y 8, que facultarían a Fencea para organizar y regular a todas las empresas del gremio, certificar trámites ante el sector financiero, vigilar y denunciar las malas prácticas y dar los avales respectivos para la monetización de las divisas importadas en cuentas bancarias.
Al momento de radicar el proyecto, Fencea era la única agremiación existente, pero en noviembre de 2020 se constituyó en Medellín la Federación Nacional de Comercio Electrónico para Adultos a través del Sistema Webcam (Fenalweb), que hoy reúne a 70 empresarios.
Esta nueva agremiación tiene algunas objeciones sobre el proyecto. “Ese plan debe incluir a todos los actores del sector, no solo a los empresarios; esta idea del senador Tamayo gira en torno a los requisitos e impuestos, ¿pero dónde quedan los trabajadores?”, opinó Rubén Herrera, asesor jurídico de Fenalweb.
A su juicio, la discusión debe enriquecerse con una mesa de trabajo que incluya a los alcaldes, que son los que tienen la facultad para habilitar o sellar establecimientos; y la banca, que es adonde llegan las ganancias del exterior.
“Nosotros padecemos por una doble moral de la sociedad, porque ya somos legales, los empresarios honestos hacen contratos laborales, aplican retención en la fuente y se certifican en la Cámara de Comercio. El Ministerio de Hacienda nos pone impuestos, pero su Unidad de Análisis Financiero (Uiaf) nos cataloga como ‘actividad de alto riesgo para el lavado de activos’, y así los bancos nos cierran las puertas”, explicó.
Al abogado le preocupa que habría un problema en el procedimiento, pues “un congresista no puede presentar un proyecto de ley para reglamentar un artículo (art. 73 de la Ley 2010 de 2019), sino que eso debe hacerlo el Ministerio de Hacienda. Aún si pasa los debates, la Corte Constitucional podría tumbarlo”, precisó.
En cuanto a los postulados de Fenalweb, Sánchez indicó que “es entendible que haya empresarios que no quieran pertenecer a Fencea y busquen crear su propia agremiación, es probable que durante los debates en el Congreso les den también su legitimidad”.
Otra entidad que espera ser tenida en cuenta es Sintracol SP, sindicato de trabajadores de la industria de entretenimiento virtual para adultos. Nació en Cali en 2018 y, aunque allá tiene la oficina principal, su sede más importante es la de Medellín; tiene 160 afiliados (85 % son modelos).
“El proyecto de ley fortalece a los empresarios y a la federación, pero no profundiza en los empleados, que son la otra parte del negocio. Sugerimos aplicar un modelo colectivo laboral para la contratación, para que las ganancias se distribuyan de forma armónica”, dijo Juan Fernando Torres, presidente de Sintracol SP.
Agregó que “estamos trabajando para presentarle al MinTrabajo una propuesta, de modo que incluya en sus registros a los modelos webcam y actualice el listado de enfermedades laborales. Esperamos que esa resolución esté lista en el primer semestre”.
El debate político tendrá que resolver otro vacío, el de los trabajadores independientes, que desde su casa y con una conexión a internet ofrecen los servicios al extranjero.
Para las fuentes consultadas, aunque al proyecto le faltan tuercas, su importancia radica en que visibiliza una actividad que suele ser satanizada. Que el proyecto naufrague o sobreviva, dependerá de lo que suceda en la primera discusión en la Comisión Segunda del Senado
100
mil modelos webcam, por lo menos, trabajan en Colombia, según Fencea.
