El miércoles iniciará en el Congreso una discusión que promete una fuerte polémica en el país. En la Comisión Primera del Senado se realizará el primer debate sobre el proyecto de ley que busca crear el marco regulatorio de la hoja de coca y sus derivados (lícitos e ilícitos) en el país.
La discusión llega al Capitolio justo dos días después de que Iván Duque y sus ministros firmaran el decreto con el que ese buscará volver a la fumigación con glifosato de cultivos de uso ilícito, prohibida por la Corte Constitucional desde 2017 (ver Radiografía).
Ayer, los ministerios de Justicia y Defensa publicaron el mencionado decreto que define las estrategias para controlar los riesgos a la salud y al ambiente por el uso de este químico. Entre las determinaciones está, por ejemplo, que no se pueda usar en parques naturales, páramos, humedales y manglares, y que se realice consulta previa si la erradicación afecta “directamente a comunidades étnicas”.
Sin embargo, la polémica por el debate que se dará en el Congreso no es solo por la coyuntura que hay por el uso del glifosato. También se dará porque, quienes lo impulsan, insisten en la necesidad de cambiar el enfoque contra las drogas, a la vez, hay quienes insisten que la prohibición es la única salida.
La discusión en el Congreso
La ponencia que se discutirá consta de 43 artículos y abarca un amplio abanico de temas relacionados con la hoja de coca. No se trata solo de regular su cultivo, sino que también discute asuntos como la regulación de los derivados no psicoactivos y de los psicoactivos. Incluso, da lineamientos sobre el consumo de productos derivados de la hoja de coca. Y da pautas para su uso con fines científicos y farmacéuticos.
La propuesta es de coautoría de los senadores Iván Marulanda (de la Alianza Verde) y Feliciano Valencia (del Movimiento Alternativo Indígena y Social, Mais). EL COLOMBIANO habló con ambos parlamentarios y, aunque coincidieron en que es un debate duro, insistieron en su necesidad.
Para empezar, Marulanda señaló que con el proyecto busca “sembrar en el panorama colombiano la discusión de si vamos a seguir por el camino de la guerra contra las drogas o si vamos a cambiar. Hemos tenido el infortunio de ser el país que produce la mayoría de la cocaína que se produce en el mundo y si seguimos con la misma política, seguiremos fracasando”.
Valencia, por su parte, indicó que la propuesta es una “solución práctica al tremendo problema del narcotráfico”. “Proponemos prácticamente legalizar la cocaína como una solución estructural a este flagelo que ha teñido de sangre a nuestra nación colombiana y que ha desafiado al Estado y su institucionalidad”, indicó.
El senador del Mais indicó también que la propuesta de la que es coautor cuenta con el respaldo de cerca de 30 congresistas, sin embargo, reconoce que no será tarea sencilla defender la propuesta, teniendo en cuenta que, desde ya, “hay congresistas que se oponen y dicen que no es viable”.
Un debate amplio
La propuesta de los senadores de oposición no es nueva ni parte de cero. La discusión de cambiar el enfoque en el que se trata el narcotráfico y el uso de drogas ha tomado fuerza en los últimos años, no solo en el país, sino en el mundo. Prueba de ello, es la cada vez más fuerte industria de la marihuana legal, impulsada por países como Estados Unidos y Canadá.
Sin embargo, hay voces que se oponen fuertemente a que haya este cambio de paradigma, argumentando que no es una solución acertada. Una de esas es la del exviceministro de Justicia, Rafael Nieto, quien insiste en que la única forma de luchar contra el narcotráfico es la erradicación.
“No hay nada que haga pensar que regular cambie el problema. Es una información sin sustento. Hoy hay cinco grandes enclaves de coca en el país (Putumayo, Nariño, Cauca, Antioquia y Catatumbo), que concentran los narcocultivos. El problema no es de regulación”, aseveró.
Y continuó asegurando que el enfoque debe estar en tener una “estrategia integral contra el narcotráfico, que es por lejos, la peor amenaza a la seguridad y la defensa en Colombia, e impacta directamente en el conflicto armado y en la seguridad ciudadana”.
La senadora Paloma Valencia, quien estará en el primer debate del tema, también mostró su desacuerdo: “la lucha contra el narcotráfico tiene que ser una prioridad para Colombia. No es cierto que legalizar solucione. (La política de drogas) debe integrar muchos elementos: extradición, extinción de dominio, incautaciones, sustitución, erradicación y fumigación”.
Diametralmente distinta es la opinión de Julián Quintero, director ejecutivo de la Corporación Acción Técnica Social y uno de los asesores del proyecto de ley. A su juicio, “cualquier mecanismo de política de drogas asociado a la prohibición no da resultado y en este momento, que se observa ese fracaso, es importante que miremos alternativas para la regulación de mercados”.
Paula Aguirre, abogada y coordinadora de Elementa DDHH en Colombia, se para desde una posición similar: “es el primer país donde se da la posibilidad de regular los usos ilícitos y lícitos de la hoja de coca y es una discusión que se tiene que empezar a dar y tendremos que visibilizarla cada vez más”.
Sin embargo, se muestra poco optimista respecto al futuro de la proposición en el Congreso “estamos en un contexto bastante difícil y complicado, casi que los mayorías en contra. Yo creo que el proyecto no va a pasar”.
Y hablando de esas dificultades, el abogado y experto en política de drogas, David Filomena, ve dos: primero, las condiciones de seguridad que “impiden la implementación a futuro de esta política pública a cabalidad, pues habrá mucha resistencia por parte de los grupos armados”. Y segundo, que la implementación recaerá en el Gobierno Nacional, lo que supondrá un amplio reto para llegar a más de 100 municipios, “en territorios muy diferentes”, donde hay cultivos”.
Con la reciente publicación del decreto y con el debate de este proyecto de ley en el Congreso queda claro algo: en el país, en estos momentos, hay una discusión sobre cuál enfoque es el necesario para luchar contra las drogas. Y solo el tiempo dirá por cuál se optará. Sin embargo, cualquiera de los dos que sea el elegido, los efectos nocivos del narcotráfico en el país se seguirán, al menos por un tiempo, sintiendo en el país
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