El giro de la política antidrogas del Gobierno del presidente Gustavo Petro le ha valido una cascada de críticas de varios sectores que incluyen hasta al gobierno estadounidense y al fiscal general Francisco Barbosa.
De hecho, Estados Unidos redujo la cifra de recursos que destinará a Colombia de su presupuesto de gasto para el año fiscal 2024, medida anunciado justo cuando el gobierno trata de poner en marcha el cambio de enfoque que Petro le está dando a la lucha contra las drogas pese a que la nación norteamericana le ha insistido al país que retome la erradicación de cultivos de coca luego de que en el más reciente informe sobre este tema EE. UU. asegurara que el 97% de la cocaína que ingresa a su territorio proviene de Colombia.
Eso sumado a que en enero, no se erradicó ni una sola hectárea sembrada con hoja de coca, de acuerdo con un informe sobre el balance de seguridad del Ministerio de Defensa, siendo esta la primera vez en décadas que no hay ningún resultado en materia de erradicación.
Pues bien, estos hechos permitieron que sectores de la oposición y funcionarios hicieran duros señalamientos contra el Gobierno que este viernes salió a rechazar de forma categórica los calificativos de ser un “beneficiador del narcotráfico”.
El fiscal Barbosa, por ejemplo, insistió esta semana en su oposición al proyecto de ley que busca legalizar el cannabis de uso adulto en el país, que el legislativo aprobó en quinto debate. “En Colombia, a través del Congreso y el gobierno actual, se han presentado propuestas para legalizar toda la cadena del narcotráfico. Yo me he opuesto y como fiscal general no permitiremos que pase porque esto no representa el pensamiento de los colombianos en este momento”, señaló el fiscal Barbosa durante un evento en República Dominicana.
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Sobre estas críticas, pero sin mencionar al fiscal, el gobierno respondió: “La política de seguridad y defensa del Gobierno del cambio se basa en indicadores de control territorial y fortalecimiento de la interdicción marítima, aérea y terrestre. Se combate de manera decisiva el narcotráfico bajo la orden del presidente Petro de no atacar a los campesinos cultivadores, que son el eslabón más débil de la cadena, sino a quienes obtienen las más grandes riquezas de esta actividad ilícita”, explicó el Gobierno sobre la política que viene implementando.
En esa línea, la Presidencia sostuvo que los esfuerzos de las Fuerzas Militares y la Policía ahora se concentran en “la interdicción y la incautación de los cargamentos de drogas ilícitas que pretenden salir de Colombia y tiene como destino países consumidores”, y menos en la erradicación de las 204.000 hectáreas de hoja de coca que inundan al país y por las que Estados Unidos reclama acciones más contundentes.
El Gobierno insistió en defender su enfoque con las cifras de incautación de cargamentos de cocaína desde su llegada a la Casa de Nariño. Según datos de la Policía, desde el 7 de agosto de 2022 hasta el 14 de marzo de 2023, se han incautado 189.457 kilogramos de cocaína, 169.375 kilogramos de marihuana, 32.201 kilogramos de base de coca y se han destruido 1.963 laboratorios para la producción de estas sustancias.
La cifras de incautación, señaló el Gobierno, han aumentado si se comparan con el período comprendido entre el 7 de agosto de 2018 y el 14 de marzo de 2019, cuando se registró la incautación de 154.283 kilogramos de cocaína, 146.846 kilogramos de marihuana, 21.123 kilogramos de base de coca y la destrucción de 1.157 laboratorios.
“Estas operaciones militares y policiales han representado cuantiosos impactos en las estructuras financieras del narcotráfico”, por lo que Presidencia reiteró que las afirmaciones que “algunos” hacen contra la lucha del actual Gobierno “lo único que hacen es degradar el debate público que requiere de rigurosidad”.
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“El Gobierno Nacional lamenta que, ad portas de las elecciones regionales, unas de las más importantes del país, algunos ciudadanos se encarguen de usar el narcotráfico como narrativa proselitista, poniendo en riesgo la vida de cientos de campesinos”, indicaron desde Casa de Nariño, por eso invitaron a la ciudadanía a denunciar ante las autoridades competentes los nombres de los funcionarios que están cumpliendo “compromisos de campaña con impunidad” y aportar las pruebas de dichas acusaciones.
