La Procuraduría General presentó una serie de observaciones al ministro de la Presidencia Néstor Humberto Martínez, sobre el Plan de Reasentamiento del nuevo casco urbano de Gramalote.
El Ministerio Público destacó que pasado más de un año de radicada la solicitud de licencia ambiental ante la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor) para las obras de construcción del casco urbano, existe todavía “incertidumbre sobre datos relevantes”, lo que impide dicha expedición y la de otros permisos en materia ambiental.
En ese sentido, la Procuraduría solicitó “los buenos oficios del señor ministro a fin de garantizar la corrección oportuna de los eventuales pendientes del Fondo de Adaptación en la materia, incluyendo lo referente a la titularidad de la licencia, pues según Corponor, su trámite no puede ser responsabilidad del municipio de Gramalote”.
Frente al plan de reasentamiento, la Procuraduría rechazó la propuesta del Fondo de Adaptación “en la medida que los criterios para reparar a las familias afectadas por la tragedia natural se concentran en un enfoque poco garantista de los derechos de las personas”. Explicó que “pretender que una familia damnificada no sea sujeto de la protección del Estado en un Plan de Reasentamiento por el hecho de tener otro bien o residir en un sitio diferente al momento del evento catastrófico siendo propietarios, es desconocer la protección que brinda no solo la Constitución sino las leyes, los tratados y convenios internacionales”, agrega.
