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EL COLOMBIANO | Publicado el 31 de marzo de 2022
La Procuraduría General de la Nación dio plazo hasta el 1 de abril para que las Fuerzas Militares aclaren lo ocurrido en la operación militar que se realizó el pasado 28 de marzo en la vereda El Remanso, ubicada en Puerto Leguízamo (Putumayo), que cobró la vida de 11 personas que, de acuerdo con la versión del gobierno, serían disidentes del Frente 48 de las Farc.
“Hemos recibido información proveniente de la comunidad, y de algunas organizaciones de la sociedad civil, en las cuales se señala que las personas heridas y fallecidas en esta operación no serían integrantes del Gao-Residual 48, sino que serían integrantes de la comunidad”, señaló el ente de control que precisó: “esta información resulta altamente contradictora con la información oficial presentada por el ejército y el Ministerio de Defensa Nacional a la opinión pública”.
Por esto, la Procuraduría le solicitó a las Fuerzas Militares la copia de la orden de operaciones que soportó el desarrollo de la acción militar, así como el informe operacional rendido en el marco del despliegue militar en el área de la vereda El Remanso.
Así mismo, pidió el informe de las personas muertas, heridas, recuperadas, desmovilizadas, desvinculadas y/o sometidas durante la operación militar, así como la descripción de las incautaciones de material de guerra, intendencia, comunicaciones y demás información relacionada con los resultados sobre la misma.
Finalmente, el organismo de control le pidió a las fuerzas militares que informen “si por los hechos relacionados, la Inspección General de las Fuerzas Militares o alguna unidad militar realizó la apertura de indagación preliminar o investigación disciplinar”.
Como respaldo para solicitar esta información, la Procuraduría citó la denuncia pública hecha por la Red de derechos humanos del campesinado del Putumayo, Piamonte Cauca, Jardines de Sucumbios, Nariño, que señaló que entre las personas asesinadas en la operación militar estarían una mujer, un presidente de junta de acción comunal, un menor de edad, un gobernador de un resguardo indígena y otras dos personas, así como cadáveres desaparecidos.
En contraste, el ministro de Defensa, Diego Molano, reafirmó el miércoles la versión del gobierno sobre lo ocurrido e insistió en que el operativo “no fue contra campesinos, sino disidencias Farc. No fue contra inocentes indígenas, sino narcococaleros. No fue en bazar, sino contra criminales que atacaron soldados”. “A los ‘inocentes civiles’ se les incautó: arsenal de guerra; granadas, fusiles, proveedores, cartuchos, entre otros”, señaló Molano a través de su cuenta de Twitter.
