La Procuraduría radicó este lunes el concepto en el que argumentan por qué debe designarse un fiscal ad hoc que asuma la investigación del entramado de corrupción que la brasileña Odebrecht tejió en Colombia.
El agente del ministerio que suscribe el documento ante el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Gerardo Botero Zuluaga es el procurador cuarto de Investigación y Juzgamiento Penal, Jorge Enrique Sanjuán.
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En los puntos expuestos, Sanjuán desestima el recurso de recusación que el viernes interpuso el presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, en contra de la vicefiscal María Paulina Riveros quien, para el ente acusador es la que está a la cabeza del expediente contra la firma Odebrecht.
En palabras de Sanjuán, “quien propuso la recusación no es parte dentro del proceso (por tanto) no está legitimado para ello (...) Además, las causales incoadas no se estructuran”. Es decir, que los puntos expuestos no tienen asidero.
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De recordar que Bustos planteó que tenía inhabilidad para seguir adelante con las pesquisas toda vez que dio consejo o manifestó su opinión frente al tema y por tener “una amistad íntima” con el fiscal Néstor Humberto Martínez.
Si bien desde el Ministerio Público niegan los razonamientos de Bustos, en el mismo escrito recuerdan que fue la propia Riveros quien, a la par con negar la recusación, es quien solicita que desde la Corte Suprema se elija un fiscal ad hoc para que continúe con el voluminoso expediente.
“En aras de proteger el derecho fundamental al juez natural, se le solicita a la Corte Suprema de Justicia que separe a María Paulina Riveros Dueñas y proceda a nombrar un fiscal ad hoc para todos aquellos procesos relacionados con Odebrecht”, solicita Sanjuán en su concepto.
De acuerdo con el documento, de asignarse un investigador independiente se puede asegurar que las pesquisas hasta ahora adelantadas se preserven y sean analizadas por un equipo autónomo que se caracterice por principios de independencia, transparencia y celeridad.
“El Ministerio Público – asevera Sanjuán – considera necesario e imperioso que los fiscales e investigadores del caso Odebrecht tengan una independencia tanto funcional como jerárquica del fiscal general y de sus subalternos, toda vez que con ello se garantizará la imparcialidad”.
Antes de conocerse el documento, el propio Fernando Carrillo abordó el tema y puso de manifiesto una fiscalía ad hoc, es decir una estructura de instrucción al ente investigador para que asuma la competencia ante los jueces sobre el desarrollo de las investigaciones.
En el documento también se pone presente que “el principio de transparencia se ha puesto en duda, debido al fallecimiento de alguno de los testigos y familiar cercano”. Esto en clara referencia a las extrañas muertes de Jorge Enrique Pizano, exauditor de Corficolombiana, y su hijo Alejandro. Ambas acaecidas en su finca de la población cundinamarquesa de Subachoque.
Si como lo deja de manifiesto el documento, lo que se busca es que quienes asuman el expediente deben actuar con independencia y sin ninguna relación con los funcionarios del búnker, una de las opciones, por no decir la única, es que se designen agentes de la Dijín, que también tienen funciones de policía judicial.
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