La Procuraduría General de la Nación ha solicitado que se declare inexequible el artículo que le da origen a las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en el Plan Nacional de Desarrollo.
Estas áreas son espacios dentro de la frontera agrícola nacional que son destinados para la producción de alimentos y que son priorizadas por el Estado.
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Pese a su aparente objetivo loable, algunos sectores han advertido sobre una “expropiación indirecta” utilizando figuras legales enmarcadas en el concepto de sostenibilidad alimentaria.
Este concepto incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, que le permite al Gobierno Nacional definir qué tierras deben destinarse prioritariamente para la producción agroalimentaria sostenible, ha sufrido un revés por parte del Ministerio Público.
La Procuraduría General de la Nación le ha pedido a la Corte Constitucional que declara inexequible el artículo que plantea en el Plan de Desarrollo estas áreas.
Para el ente regulador, la aplicación de estos conceptos va en contra de las garantías para una participación efectiva por parte de los entes territoriales para definir la utilización del suelo, algo que les corresponde constitucionalmente.
La aplicación de esta iniciativa ya ha tenido efectos en departamentos como Antioquia y Cundinamarca, donde el Ministerio de Agricultura ha emitido resoluciones que declaran APPA en distintas regiones, siendo la más polémica la marcada en el Suroeste antioqueño, la cual involucra a 23 municipios de esta subregión y que algunos han calificado como una generadora de tensiones entre intereses agrícolas y territoriales.
Uno de los argumentos para rechazar estas zonas ha sido una posible promoción de una expropiación indirecta, así lo han mencionado políticas como la concejala de Bogotá, Sandra Forero, quien ha resaltado que bajo este concepto se abre la puerta a que el Ejecutivo pueda decidir qué deben sembrar los campesinos, algo que afecta su autonomía sobre sus tierras y pone en riesgo su derecho a la propiedad.
Otro de los argumentos que han mencionado opositores a la idea es la insistencia del Gobierno Nacional en asumir competencias como el uso del suelo, algo que constitucionalmente le corresponde a los municipios.
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