Pese a que hace una semana la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió no pronunciarse sobre la primera de cinco demandas que llegaron al alto tribunal en contra de la Ley de la “Paz Total” (2272 de 2022), la Procuraduría General de la Nación volvió a insistirle que tumbe dicha ley por considerar que no se ajusta a la Constitución.
En un nuevo concepto que la procuradora Margarita Cabello le envió a la Corte, señaló que los congresistas no tuvieron la posibilidad de desarrollar los debates de la ley de manera informada, según ella, ante la ausencia de insumos técnicos.
Los insumos a los que la jefe del ministerio público se refiere tienen que ver con el concepto del Consejo Superior de Política Criminal que debía remitirse al proceso legislativo, pero que no se dio.
El concepto en el que insiste la procuradora, permite tener claros los límites y las diferencias entre los grupos armados y las estructuras organizadas a las que se acercaría el Gobierno para negociar la paz.
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“Para la Procuraduría era relevante el concepto del Consejo Superior de Política Criminal para que las cámaras hubieran podido deliberar de forma ilustrada sobre las normas que regulan aspectos del sometimiento de las estructuras organizadas de crimen de alto impacto”, indicó la procuradora.
También sostuvo que la revisión del trámite legislativo permitió evidenciar “que la ausencia de la emisión y envío del concepto a las cámaras no fue una situación accidental, sino que se trató de una actuación deliberada, en la que el Gobierno Nacional no actuó razonablemente para que los congresistas contaran con dicho insumo en el desarrollo de sus deliberaciones”.
Para Cabello, la validez de la “paz total” sí se ve afectada por falta de este concepto como elemento para un debate ilustrado, razón por la cual solicitó a la Corte tumbar la ley, pues hubo “ausencia de insumos técnicos”.
Esa omisión, según la procuradora, derivó en la violación de los mandatos constitucionales que exigen que los debates de las cámaras sean debidamente ilustrados, así como del principio de seguridad jurídica, pues los “legisladores aprobaron un cuerpo normativo que no cumplía con la medida de autocontrol exigido en la normativa vigente”.
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Otra de las razones por las cuales la Procuraduría volvió a insistir en que se tumbe la “Paz Total” es que, a su juicio, se vulneró el deber superior de cumplir con decisiones judiciales, pues la Corte le ordenó al Congreso, en sentencias previas, contar con el concepto previo del Comité Técnico Científico del Consejo Superior de Política Criminal para iniciar el trámite de proyectos de ley o actos legislativos que incidan en la política criminal y en el funcionamiento del sistema carcelario y penitenciario.
